Cristina Kirchner en los inicios del juicio por la llamada causa Vialidad/archivo
La Corte Suprema de Justicia rechazó el martes una docena de recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular el juicio que enfrenta por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia.
Los cuatro miembros del máximo tribunal votaron por unanimidad no hacer lugar a los planteos de la principal acusada -entre otros el rechazo a la prueba presentada por la fiscalía-, por lo que el único juicio por corrupción en marcha contra Cristina continuará, desde el 11 de julio, hasta que se dicte sentencia.
La expresidenta está sentada en el banquillo acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que durante su mandato adjudicó de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado a la familia Kirchner, que también está imputado junto a otra docena de personas.
silencio
El juicio comenzó en mayo de 2019 y está previsto que el próximo mes empiecen los alegatos de las partes. La Vicepresidenta, que no se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema, podría recibir una condena mayor a los 10 años de prisión.
Según la fiscalía, la supuesta “organización criminal’’ que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su fallecido marido Néstor Kirchner sustrajo presuntamente fondos del Estado y “valiéndose de la legitimidad de los cargos’’ que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una “maquinaria eficaz para sustraer y direccionar’’ esos fondos a Lázaro Báez.
También son juzgados en este proceso el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.
Durante su declaración ante los tres jueces de un tribunal oral federal de Buenos Aires que la juzgan, Fernández de Kirchner se desligó de toda responsabilidad; sostuvo que las obras viales contaron con la previa autorización del Congreso y que los encargados de ejecutar los presupuestos eran los jefes de Gabinete.
Durante su primera presidencia, ese cargo fue ocupado por el actual mandatario Alberto Fernández, quien se presentó como testigo en el juicio y negó irregularidades.
La causa por irregularidades en obras viales es la más avanzada de todas y podría concluir con la primera condena penal contra la vicepresidenta, cuyo mandato finaliza en 2023. No obstante, es poco probable que la cumpla en la cárcel ya que la tradición en estos casos es aguardar que la pena esté firme tras sucesivas apelaciones lo cual puede demorar años. Además, cumplirá en febrero próximo los 70 años y estaría en condiciones de solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Tampoco puede descartarse que se postule a un cargo electivo que le garantice fueros parlamentarios.
Las razones del rechazo
Por unanimidad, los cuatro jueces del máximo tribunal rechazaron una pericia contable solicitada por la defensa de la Vicepresidenta y un pedido de cosa juzgada por entender que los hechos tratados en el proceso oral ya fueron tramitados en otra causa.
Además, la Corte rechazó una queja de competencia del defensor Carlos Beraldi ante la participación de dos salas de la Cámara de Casación, la I y la IV, en distintos momentos del proceso, y la impugnación de los magistrados de la sala IV.
La Corte consideró que no se probó la “gravedad institucional” que invocó la Vicepresidenta y que como no se trata de sentencias definitivas, correspondía rechazarlas, tal como lo hizo finalmente.
En lo que se refiere a la pericia contable, el Tribunal Oral Federal 2, que sustancia el juicio conocido como “Vialidad”, rechazó la solicitud por considerar que no correspondía o ya había sido realizada en otras medidas de prueba.
Beraldi y el equipo legal de Cristina apeló la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible el recurso y ahí recurrió en queja a la Corte, que ayer avaló lo decidido en las instancias inferiores.
En cuanto a la cosa juzgada que denunció la vicepresidenta, fundada en que la justicia de Santa Cruz intervino en las mismas denuncias y no encontró delito, la Corte tomó lo decidido anteriormente en el sentido de que los funcionarios santacruceños no delimitaron los delitos, casi no produjeron prueba y no hubo participación activa del Ministerio Público Fiscal. “La defensa no explica mínimamente cómo aquellas resoluciones dictadas por jueces locales efectivamente alcanzaron o estuvieron en condiciones jurídicas de alcanzar a funcionarios federales”, planteó la Corte para fundar su rechazo.
