No hay verdades absolutas en el derecho. Y menos en un caso que lleva casi 15 años, en el que se discuten centenares de millones de pesos y, además, en el que está involucrada la familia presidencial.
La negociación entre el Estado y el Correo Argentino , enmarcada en el concurso de acreedores de la empresa, envió a especialistas y no tanto a adentrarse en el mundo del derecho concursal. Y allí, lejos de las pasiones políticas, hay varias coincidencias. En principio, todos acuerdan que la ley establece que el pasivo (la deuda, entre ellos) se congela al momento de presentar el concurso preventivo. La ley de convertibilidad, que impedía la indexación, fue derogada, pero no en todos sus artículos. Aquel que preveía la imposibilidad de indexar, justamente, es uno de los que está vigente. La sola presentación del concurso suspende la generación de intereses.
«Esa regla, que está impuesta por ley, tiene algunas excepciones en un concurso preventivo. La primera es para todas aquellas deudas motivadas en cuestiones laborales. Y las otras son las acreencias hipotecarias y prendarias que mantienen una garantía real», dice Javier Fernández Moore, abogado especialista en concursos y quiebras, en referencia al artículo 19° de la ley.
Con esas excepciones, todos los demás pasivos se congelan. «Dicho esto, no quiere decir que sea correcto que pasen 15 años y la oferta esté hecha a valores históricos y que recién se calculen intereses desde la homologación del acuerdo en adelante», dijo un ex juez comercial que prefirió no dar su nombre por alguna incompatibilidad que pudiera surgir.
La ley establece que los acreedores y el deudor pueden acordar lo que les parezca en el marco de una negociación concursal. Será el juez, en última instancia, quien establecerá si esa propuesta aceptada es abusiva o fraudulenta. Lo que sigue de la no homologación del acuerdo es, ni más ni menos, la quiebra de la empresa. Es decir, un proceso en el que se liquidan los activos para cubrir los pasivos. Dicho de otra manera, se venden los bienes para pagar las deudas.
«Los acuerdos preventivos -dice Fernández Moore- deben tener la conformidad de las dos terceras partes de los acreedores que representen al menos al 50% del capital.» Sin embargo, pese a las mayorías, siempre el juez puede oponerse a la solución.
Pese a que el camino que sigue es la quiebra, cada vez se dicta más jurisprudencia, sea de cámaras y hasta de la Corte, en la que ante un acuerdo que se crea abusivo para algunos acreedores, se entrega al deudor concursado un determinado tiempo para que mejore la propuesta. En general, cuentan viejos comercialistas, la gran mayoría mejora la propuesta inicial, como sucedió en el caso del Correo.
La coincidencia es que no es posible la actualización monetaria. «Lo que debe haber hecho la fiscal es un cálculo financiero. Es decir, cuánto vale la propuesta financiera que presentó el Correo Argentino. Ahora, que ese cálculo financiero sea correcto no quiere decir que se aplique a un proceso concursal», dijo Fernández Moore.
Sin embargo, las dudas más grandes surgen de lo que pasó durante este concurso. Los cuatro especialistas consultados coinciden en que el Estado, como acreedor, tenía enorme cantidad de herramientas para apurar un concurso que permanece abierto hace más de una década. «Se puede pedir desde pronto despacho hasta recusación del juez o la Cámara por no diligenciar a tiempo el expediente. Llegado el caso se podría hasta plantear en la Corte que le quite la jurisdicción al tribunal si no se despacha en los tiempos que da la ley», dijo un abogado de uno de los estudios más grandes de la Argentina. Nada de eso habría ocurrido durante estos años. Es más, la gran mayoría de las empresas de servicios públicos pasaron por un concurso de acreedores tras la salida de la convertibilidad. La mayoría están cerrados con procesos de pagos regulares.
Sin duda, el paso del tiempo beneficia al deudor. El asunto es que es el acreedor el que tiene herramientas como para poder precipitar los tiempos para que no se licue su deuda. La pregunta que bien pude hacerse es qué activos tiene esa empresa, que parece residual, ante la oportunidad de que se vaya a la quiebra. Es decir, si alguien cobraría algo o no si Correo Argentino SA termina con un decreto de quiebra. Los principales activos serían juicios contra el Estado por incumplimientos que motivaron las disputas que terminaron con la concesión.
Pero el derecho se queda corto ante la actual situación. El Estado que acepta una propuesta tiene como representante máximo a Mauricio Macri , hijo de uno de los dueños de aquella concesión.
Las críticas de la oposición
Cristina Kirchner – Ex presidenta de la Nación
«Nada de que asombrarse: de la Patria Contratista a la Estatización de la deuda de sus empresas. Lo que pasa es un capítulo más de la historia que pareciera estamos condenados a repetir»
Margarita Stolbizer – Diputada Nacional (GEN)
«Es escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar. La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos»
Graciela Camaño – Jefa del Bloque del Frente Renovador en Diputados
«Parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri (…). Es un escándalo como los bolsones de [el ex secretario de Obras Públicas, José] López del kirchnerismo»
Fernando Solanas – Senador (Proyecto Sur)
«Los Macri vuelven a hacer negocios con fondos públicos. Macri jamás pagó el canon por hacerse cargo del Correo. Franco Macri lo fundió, se llevó el dinero a Brasil y ahora su hijo le condona una deuda millonaria»
