Cuando la lupa está puesta sobre su institución por una causa por presunta desaparición forzada y mientras un nuevo juez analiza qué rumbo tomará la investigación, por estas horas la Gendarmería pone en duda algunas de las premisas iniciales del caso Santiago Maldonado . «No hay ninguna prueba concluyente de que el joven estuvo en la Pu Lof durante el operativo», manifestaron hoy desde la fuerza a LA NACION.
En la causa hay tres testigos, miembros de la comunidad mapuche de Resistencia Cushamen, que dijeron haber estado con Santiago en la Pu Lof en la mañana del 1° de agosto cuando se desplegó el operativo de Gendarmería. Mientras que los rastrillajes realizados con perros rastreadores que siguieron las huellas odoríferas a partir de tres prendas de Maldonado (un cuello, un buzo y una gorra que fue secuestrada por la fuerza en el procedimiento), indicaron que, por lo menos, el joven habría llegado hasta la vera del río Chubut.
Para la Gendarmería esos elementos no son suficientes. «Si estuvo en la Pu Lof, no se sabe con certeza cuándo ni por cuánto tiempo. Y hay que ver las fechas de los rastrillajes», indicaron. Los perros rastrearon el territorio el 5 y el 16 de agosto.
Desde la fuerza aseguraron que dos de los testigos de la comunidad mapuche fueron «indiciales» porque «contaron lo que otros le dijeron y no fueron testigos directos». E insistieron en que existieron contradicciones en las declaraciones.
El testigo que dijo haber visto, con sus ojos, que la Gendarmería se llevó a Santiago fue Matías Santana, quien aseguró haber dialogado personalmente con el artesano desaparecido poco antes del procedimiento de la fuerza de seguridad. «Con binoculares alcanzo a ver a tres gendarmes que están golpeando a un bulto. Llega una camioneta y lo introducen en la camioneta, la que sale rápidamente rumbo a Esquel», contó tras declarar en la Justicia.
Otra testigo de la comunidad en su testimonial dijo que vio a Santiago «ponerse la mochila y correr hacia el río» cuando la Gendarmería entró a la Pu Lof.
Las causas
La Gendarmería quiere que el juez Gustavo Lleral, que se hizo cargo del caso hace diez días, unifique las dos causas que tiene el caso: la de habeas corpus, que busca dar con el paradero de Maldonado y cuya instrucción está en manos del magistrado, y la de desaparición forzada, que investiga el accionar de la fuerza y está delegada en la fiscal Silvina Avila.
Ese deseo radica en que el anterior juez del caso, Guido Otranto, ya manifestó que no hay pruebas de que a Maldonado se lo hayan llevado en una camioneta de la Gendarmería, en base a los cotejos de ADN realizados en cuatro patrullas de la fuerza y un unimog. Así, la unificación de los expedientes podría complicar el avance sobre la fuerza de seguridad, que se realiza por cuerda separada. «En el habeas corpus está acreditado que la desaparición forzada no existe», dijo un responsable de la fuerza a LA NACION.
La postura de la Gendarmería es contraria al CELS (querellante en la causa) y a la Procuvin (que auxilia a la fiscal en la investigación) que consideran que la desaparición forzada debe investigarse como una hipótesis aparte. Esa causa es la que mostró más avances en las últimas semanas, mientras que la de habeas corpus, por el cambio de juez, mermó su marcha. Según pudo conocer este medio, en el corto plazo la división de tareas seguirá como estuvo planteada hasta ahora.
Lleral sigue por estas horas analizando la causa con su equipo de colaboradores. El trabajo tiene algunas dificultades logísticas, dado que está llegando el mobiliario que solicitó al juzgado de Esquel y aún resta la instalación de los medios informáticos para la labor. El juez tendrá 60 días de dedicación exclusiva al caso Maldonado.
Mañana llegará a Esquel la familia del joven desaparecido hace más de dos meses para tener una audiencia con el juez.
