Los especialistas insisten en una reforma de la ley de ética pública
Con la publicación del decreto que oficializó el anunciado régimen contra la designación de familiares de funcionarios, los expertos en materia de transparencia y administración pública celebraron la iniciativa del Gobierno, aunque la consideraron «limitada» e insistieron en una reforma de la ley de ética pública.
«A partir de ahora, ningún ministro del gobierno nacional va a poder tener familiares en el Gobierno», anunció sin reparo alguno el presidente Mauricio Macri el lunes pasado en una conferencia en la Casa Rosada.
Ayer, la medida tomó forma en el Boletín Oficial y, en un breve texto de seis artículos, el Gobierno prohibió la designación directa de familiares a los funcionarios de mayor jerarquía de la administración nacional.
Ahora bien, la normativa trajo sus excepciones y, con ellas, algunas observaciones. Por ejemplo, la prohibición solo abarca a quienes tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado y, de todos los cargos de carácter político, solo impacta al Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro.
Además, los familiares que sean designados mediante procesos de selección por concurso público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo también podrán trabajar para el Gobierno.
«La medida deja afuera a los secretarios, subsecretarios y directores. Necesitamos una reforma completa del sistema de integridad pública estatal que abarque a los demás poderes del Estado y a los gobiernos municipales y provinciales, para terminar con amiguismos y favores políticos a la hora de contratar», remarcó la fundación Directorio Legislativo en un comunicado.
Para la fundación, el decreto es «limitado en sus alcances y disposiciones», porque no abarca a toda la planta política ni implica una reforma integral del sistema de ética pública.
«No se puede tener las intenciones de transformar el sistema de integridad pública estatal si no se encuentran el momento y la voluntad política para actualizar la ley de ética pública nacional sancionada en 1999», apuntó el organismo.
Por su parte, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, dijo en diálogo con LA NACION: «Es una buena decisión, pero me parece una lástima que haya que explicitar este tipo de cosas. Realmente, es obvio que tanto la ley de ética pública como el sentido común hablan de que ningún funcionario se puede beneficiar en la toma de decisiones y poner a un familiar es beneficiarse».
«Me gustaría que en la administración pública nadie pueda nombrar a los familiares. Se queda corto en ese sentido el decreto», dijo Secchi en relación con la breve lista de cargos afectados por la medida.
Según el referente de Poder Ciudadano, la ley de ética pública de alguna forma contempla este tipo de situaciones, pero no se aplica en ese sentido. «Hay que trabajar en la ley de ética pública y con el sentido común. Estaría bueno que llegue a los otros poderes de Estado. En el Judicial y Legislativo sería un escándalo», apuntó.
Renzo Lavin, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo: «Es una medida positiva y una primera limitación a la discrecionalidad en la contratación del empleo público, pero tiene limitaciones».
«Es una suerte de paliativo ante la falta de reglas generales de concursos abiertos y transparentes. Lo que necesitamos es que la forma de ingreso al empleo público esté fundada en el principio del mérito», dijo a LA NACION Lavin.
«Es un buen primer paso, pero se podría ir más allá. Que no se pueda contratar o promover la contratación de un familiar de manera que no importe el cargo. Esto debería estar regulado en la ley de ética pública»
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