Cristina Kirchner anunció que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evitará los tribunales locales para recurrir la prisión preventiva que le dictó la Justicia por traición a la patria, al acusarla de buscar la impunidad de los iraníes que atacaron la AMIA.
Así lo anunció su abogado Alejandro Rúa, y dijo que lo hacía con la idea de acelerar el proceso.
Es que, en el ámbito local, el futuro judicial de la ex presidenta en esta causa por la denuncia de Alberto Nisman y en las otras causas por corrupción donde está procesada no es oscuro, sino negro.
Por lo pronto, aunque Cristina Kirchner no apele, cualquiera de los acusados que lo haga motivará la revisión de este fallo por parte de la Cámara Federal.
Ya intervino en este caso la Sala II del tribunal, que integra el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara, y su colega Eduardo Farah. El tercer camarista, Horacio Cattani, está de licencia por cuestiones de salud. Lo más probable es que este tribunal le vote en contra.
Irurzun es el juez que acuñó la jurisprudencia en boga, a partir de la cual se justifica la detención si el ex funcionario sospechoso tiene poder suficiente como para interferir en la investigación. El propio Bonadio se basó en este antecedente para pedirle al Senado que le saque los fueros a Cristina Kirchner y detenerla. Así que es improbable que allí logre un triunfo.
Habrá que ver qué piensa la Cámara de la calificación de traición a la patria, con el enfoque que hizo Bonadio de considerar los dos ataques contra la embajada de Israel y la AMIA como actos de guerra. Entendió que el pacto con Irán implicaba beneficiar entonces a un enemigo y por eso procesó a los acusados.
Cualquiera que sea el caso, si esta causa escala más allá de la Cámara Federal, lo que es habitual, y llega a la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, la situación de Cristina Kirchner y el resto de los acusados también pinta mal.
Esta causa ya tiene radicación en la Sala I de la Cámara de Casación. Este tribunal es el que eventualmente deberá revisar la decisión de la Cámara Federal sobre los procesamientos y las prisiones preventivas que dictó Bonadio.
La única jueza firme en la Sala I de la Casación es Ana María Figueroa, que en otras ocasiones dio muestra de fe kirchnerista. Los otros lugares están vacantes, por eso sus colegas votaron a quienes actuarán como suplentes: son Gustavo Hornos y Carlos Mahiques. Hornos es autor de uno de los votos que permitió reabrir la denuncia de Nisman contra la ex presidenta y está convencido de la necesidad de investigar el pacto con Irán. Dijo que la denuncia de Nisman, acerca de que el memorándum fue un intento de impunidad, era verosímil y plausible. Mala señal para Cristina Kirchner.
Con Mahiques probablemente no le vaya mejor. Mahiques era ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, cargo que dejó para ocupar una vacante en la Cámara Nacional de Casación. Desde allí, en un procedimiento de subrogancia sui géneris, que fue criticado por sus colegas, consiguió un traslado horizontal a la Cámara Federal de Casación. Saltó así de un tribunal a otro con el apoyo del Gobierno y de los votos macristas en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que su hijo Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo, no votó. Su otro hijo, Ignacio, es uno de los fiscales, junto con Gerardo Pollicita, que investiga a Cristina Kirchner. Mahiques padre fue elegido la semana pasada integrante de la Sala I de la Casación, que preside su colega Hornos.
Los dos son suplentes en esta sala. El Gobierno apura para conseguir antes de fin de año que el Consejo de la Magistratura apruebe los nombres de los candidatos a jueces para cubrir las cuatro vacantes de la Casación, que incluyen los dos sillones de la Sala I.
El Gobierno quiere dejar huella en el cuerpo con una interpretación más cercana a su idea del derecho penal, menos progresista. En el concurso despuntan para quedarse como camaristas de Casación el camarista Guillermo Yacobucci, bien visto por el Gobierno; Diego Barroetaveña, que condenó a José Pedraza; Daniel Petrone, que estuvo a cargo del caso Antonini Wilson; Karina Perilli, que está juzgando a Carlos Menem por el encubrimiento de la AMIA, justamente, y Javier Carbajo, actual secretario de la Casación.
El Consejo de la Magistratura elevará en verdad 12 nombres al Presidente, pero el Poder Ejecutivo elegirá cuatro y los enviará al Senado para conseguir acuerdo, y que puedan estar en funciones en el primer trimestre del año que viene.
Para Lula es una «cacería judicial»
El ex presidente brasileño Lula da Silva sostuvo ayer que Cristina Kirchner sufre una «cacería judicial y mediática». Escribió en su cuenta de Twitter: «Expreso mi solidaridad a Cristina que tanto hizo por el pueblo argentino y por la integración sudamericana».
