El plan de reducción cargos políticos y jerárquicos del gobierno de Mauricio Macri generará un ahorro fiscal de más de $ 1000 millones anuales. La Casa Rosada lo exhibirá como un gesto de austeridad simbólico en medio del programa de reducción del déficit fiscal, un rojo que en 2017 superará los $ 400.000 millones.
«El proceso viene bien y ese ahorro se va a alcanzar. Pero los números finales los tendremos a fines de la semana próxima», dijo ayer un alto funcionario de la Casa Rosada.
Según confirmó Macri a LA NACION en el encuentro del 19 de diciembre pasado con la prensa, el Gobierno avanza en un plan de reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN). El objetivo incluye tanto a los secretarios de Estado como a los subsecretarios, directores y coordinadores de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.
«El ahorro será todavía superior al 20% en la cantidad de cargos y en recursos de la masa salarial de esos cargos», aseguró otro funcionario consultado, que tiene llegada al Presidente y al jefe del Gabinete, Marcos Peña.
El proyecto, justamente, lo impulsa Macri y lo dirige Peña. Durante la semana última, todos los ministros terminaron de entregarle al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sus planes de adecuación de cada una de las carteras. Estos proyectos deberán ser evaluados y aprobados por la Jefatura de Gabinete y por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien asiste técnicamente en todo el programa y que también presentó el plan de recorte de su propio ministerio.
La APN, con un total de 3500 cargos jerárquicos y 210.000 empleados públicos, incluye el Poder Ejecutivo, los 20 ministerios y los organismos descentralizados, como el PAMI y la Anses, entre otras dependencias públicas.
En cambio, el Sector Público Nacional es más amplio: comprende también las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas del Estado y las universidades. En total suman más de 740.000 empleados.
La masa salarial de esos 3500 cargos jerárquicos es de más de $ 5000 millones por año. El recorte de más del 20% de funcionarios implicará un ajuste de 700 ejecutivos y una reducción de más de $ 1000 millones.
Todavía no se definió cuándo se anunciará esta medida, pero podría ser dentro de las primeras semanas del nuevo año. El Gobierno la presentará como una señal de austeridad propia de la política, por cuanto esos cargos son funcionarios políticos jerarquizados, nombrados por el propio Macri y no agentes públicos designados por administraciones anteriores que pasaron por el Estado.
«Hemos pedido esfuerzos a la gente y tenemos que mostrar que nosotros también nos ajustamos», dicen en la Casa Rosada.
«Este esfuerzo está concentrado en cargos políticos y jerárquicos», explicó una alta fuente oficial, para subrayar que los perjudicados serán los propios macristas.
Más reformas
Por otro lado, el Gobierno avanzará sistemáticamente en el proceso de dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo. Esto implicará la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones.
En este plan no existe un objetivo medido en porcentajes, como en el de cargos jerárquicos. «El objetivo es por organismo. No consolidado en toda la APN», explicó un alto funcionario.
La reducción del 20% de cargos jerárquicos debe ser pareja para todas las categorías. Habrá menos secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores, por partes iguales. Pero también habrá rebajas de nivel: secretarios de Estado bajarán al cargo de subsecretarios y subsecretarios que pasarán a ser directores nacionales.
Por este ajuste se generó un clima de pelea interna en varios ministerios. Cada funcionario con cargo peleó por permanecer en su categoría, pero muchos no lo lograrían.
En cambio, la reducción de contratados temporarios dependerá de la evaluación técnica y de presentismo de cada ministerio. El objetivo de la Casa Rosada es llegar a que sólo el 10% de los 210.000 empleados de la APN esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público, número 25.164.
Esto implicaría reducir, a lo largo de los años, de 70.000 contratos a no más de 21.000, es decir una reducción superior a la mitad. Sin embargo, la idea no es sólo dar de baja 50.000 contratos, sino aplicar mecanismos de reubicación de empleados, concursos y pases a planta permanente, y sólo descartar a los empleados que no aprueben las evaluaciones.
Cada ministro puede discontinuar esos contratos porque el artículo 9 de la ley 25.164 ordena que deben prestar «servicios transitorios o estacionales» y, al tener vencimiento todos los 31 de diciembre, no tienen la estabilidad laboral del personal de planta permanente, que sólo puede ser despedido con una causa, previo sumario administrativo.
Sin embargo, la gran mayoría de los 70.000 contratados se renueva todos los años y cumple funciones del personal de planta y no temporarias, una forma de precarización del empleo público.
Nuevos cálculos en las paritarias
El líder del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo, afirmó ayer que después del anuncio de que la meta de inflación de 2018 será del 15%, los gremios están «recalculando» el porcentaje de aumento que pedirán en paritarias. El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos afirmó a Radio Mitre que la situación ha variado, después del anuncio de anteayer, encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Barrionuevo dijo que así como los funcionarios anunciaron que «están recalculando» la inflación de 2018, los gremios «también vamos a recalcular lo que vamos a pedir». Y agregó «No va a haber un techo en las paritarias. El ajuste deben hacerlo los que gobiernan».
