Por MARIANO PEREZ DE EULATE
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En los últimos dos años, más de 450 presos con condena alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a quienes se otorgó el beneficio de la salida transitoria, no volvieron a sus lugares de detención. Ahora son considerados prófugos de la Justicia y sobre ellos pesan las órdenes de captura correspondientes.
Son datos oficiales brindados por el SPB a este diario. Durante 2016, un total de 235 reclusos entraron en la categoría de “evadidos” porque nunca volvieron a la unidad carcelaria en la que cumplen condena. Ese año, se le otorgó ese beneficio a 947 personas. Esto significa que casi un 25% aprovechó la salida transitoria para escapar.
En 2017, los que nunca volvieron fueron 182 de un total de 915 reclusos con salidas transitorias durante ese año. Representó casi el 20% del total. Y en lo que va de 2018 contabilizan 38 casos, apenas un 3,8 % de las 986 personas condenadas a las que se les otorgó el beneficio. Claro que faltan 9 meses para terminar el año. En total, la secuencia arroja 455 evadidos en dos años y casi tres meses..
Estos números abarcan a presos de unidades carcelarias bonaerenses, no las federales con asiento en la Provincia.
La cifra de evadidos antes mencionada se refiere sólo a aquellos que violan la salida transitoria. Hay otros fugados, los que directamente se escapan de las cárceles, que en verdad son muy pocos respecto al total de la población carcelaria de la Provincia, que asciende a 40.689 personas. Por cierto, de ese número de detenidos, según los números oficiales, sólo unas 19.500 personas han sido condenadas por la Justicia.
Terrible dato que arroja la estadística: el 48 por ciento de los detenidos de la Provincia –en Unidades Penitenciarias, comisarías o monitoreados en domicilio- no tiene una condena. Dilaciones del Poder Judicial, que los deja en un sistema cuya capacidad de alojamiento está superada en unas 10.500 personas. Esta realidad ha sido denunciada por organismos que trabajan por la vigencia de los derechos humanos.
Dos aclaraciones inevitables. Una: no es el SPB quien decide la situación jurídica de los detenidos –concretamente, otorgarles las salidas transitorias- sino los jueces penales. Dos: una vez que salió de la unidad carcelaria, los penitenciarios no tienen el control del recluso; sólo se limitan a esperar que vuelva en el día y la hora acordados.
La supervisión en la calle está a cargo del Patronato de Liberados, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Ejecución Penal Nº 12.256. Pero, en verdad, eso no se cumple porque el organismo ha sido reducido casi a la inexistencia, con muy poco personal y cero recursos.
La supervisión está a cargo del Patronato de Liberados, que fue casi desmantelado
Si se lo compara con lo que sucede en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), en la Provincia es peor la situación de las personas no reintegradas de las salidas transitorias. Un informe clasificado elaborado por el ministerio de Seguridad de la Nación, al que accedió este medio, detalla que hay un 10% de evadidos de las cárceles nacionales, sobre un total de 320 individuos que gozan del beneficio.
¿Se recapturan alguna vez los evadidos en la Provincia? La respuesta es afirmativa, pero difícil de aplicar a la estadística. Es que las re-aprehensiones son acumulativas, porque no se detiene al mismo tiempo a todos los que se fugaron el mismo año y por eso se van juntando recapturas de condenados que se fueron escapando en diferentes períodos.
Un ejemplo, según datos oficiales del SPB a los que accedió este diario: en lo que va de este año, se recapturaron 75 personas, la mayoría de las cuales tenía pedido de detención de dos o tres años de antigüedad.
Siempre según las cifras oficiales, en 2016 se recapturaron 444 evadidos y en 2017 fueron 474. El problema, que admiten en el propio gobierno, es que entre que se fugan y los recapturan muchos de esos evadidos cometen delitos –algunos graves- que pasan a engrosar los números de la inseguridad en tierra bonaerense.
DESCOMPRIMIR Y SUS COSTOS
La preocupación por el tema carcelario, particularmente la superpoblación, excede al gobierno provincial y, de hecho, se instaló también en la Nación. Es que el Gobierno del presidente Mauricio Macri sabe que, aún con cifras menores porque los detenidos en cárceles federales son “apenas” 12.031, tiene un problema similar.
Prueba de ello es que, a fines de enero, el Poder Ejecutivo Nacional envió a los jueces penales una lista de 1.111 detenidos que están en condiciones de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria . Lo hizo como respuesta a una sugerencia de la Corte Suprema, justamente para descomprimir la situación de las cárceles federales.
Cuando esto trascendió, se armó una fuerte polémica con sectores de la oposición y organismos de derechos humanos porque, entre los listados de detenidos que envió el gobierno, figura casi un centenar de ex represores durante la última dictadura militar, condenados por delitos de lesa humanidad.
Si la Provincia pretendiera hacer algo similar con los ex militares tendría un efecto casi nulo: las fuentes oficiales consultadas por El Día confirmaron que en el Servicio Penitenciario Bonaerense hay sólo una decena de condenados por delitos “de lesa”.
Y además, si el criterio fuera tratar de apurar salidas transitorias o prisiones domiciliarias para ir despoblando cárceles, al SPB se le haría bastante difícil el criterio de selección. Es que, a diferencia de lo que sucede en Nación, los condenados en Provincia lo son por delitos más graves, con más penas. Muchos de ellos son condenados por abusos sexuales intra familiares por lo que terminan sin un hogar al que poder volver.
El panorama general respecto a la situación penitenciaria provincial es especialmente complicado porque, de acuerdo a las estadísticas, cada año ingresan más detenidos a las cárceles, acentuando la superpoblación. En 2017, por ejemplo, se sumaron unos 3700 nuevos detenidos al sistema penitenciario bonaerense, de acuerdo a cifras que se manejan en el oficialismo. Demás está decir que no salió la misma cantidad de gente de las cárceles.
Es verdad que el gobierno de María Eugenia Vidal ya anunció que se avanzará en la construcción de nuevas cárceles. Pero, paralelamente y presionado por la opinión pública debido a la serie de delitos aberrantes que se vienen dando, impulsa una política que tiende a reducir los beneficios de los condenados para mantenerlos detenidos el mayor tiempo posible.
Parece imposible llegar a cubrir, en un tiempo relativamente sensato, las 10.500 plazas que faltan en las cárceles provinciales. Además, está el tema del elevado costo: según estimaciones oficiales que manejan en el SPB, construir una cárcel para 1700 presos, con determinados materiales y normas que hacen a la seguridad, tiene un valor de 2.700 millones de pesos. Eso significa un costo de 1,5 millón de pesos por cada futuro detenido en esa nueva unidad.
reclusos del SPB. Son los que año a año acceden al beneficio de las salidas transitorias, previsto por la Ley de Ejecución Penal y contemplado para casos con características particulares y muchas veces bajo la “tutela” de los familiares.
