Luego de conocerse la resolución del fiscal platense Álvaro Garganta, en la que permitía no evacuar las escuelas que fueran amenazadas de bomba, el mismo funcionario envió hoy una aclaratoria que indica que la orden era para la Policía, lo que deja en manos del Ministerio de Educación la decisión de continuar con los protocolos que se venían llevando a cabo frente a las intimidaciones.
La medida de Garganta proponía un giro en la metodología que se implementaba hasta ahora con el objetivo de ponerle un freno a la seguidilla de casos que a diario sucede en la Región y que genera la pérdida de muchas horas de clases para los alumnos. Pero en las últimas horas el fiscal aclaró que la misma estaba dirigida a la Policía Bonaerense y “como no podría ser de otra manera es sin perjuicio, de las medidas y/o utilización de protocolos, que la Dirección de Escuelas a su digno cargo estime pertinente tomar ante estos eventos, en los establecimientos que resultan amenazados”. A partir de ello es que Educación seguirá implementando sus protocolos de seguridad en todas las escuelas de la Provincia.
La resolución original que fue comunicada a la Dirección General de Escuelas, decía: “Para los casos de amenazas de explosivos a establecimientos escolares de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional, la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar”. “Y sólo si estos encuentran algún objeto que sea necesario explorar, se realizará un perímetro a sus alrededores o se evacuará el edificio, según ellos dictaminen”.
Ahora, con esta aclaración de que la Policía no puede dar la orden de evacuación, Educación sí tiene la facultad de hacerlo, por lo que ante cada llamado intimidatorio los directivos deberán emplear el protocolo correspondiente.
