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Paritaria docente y estatal: buscan que los aumentos rijan desde el 1 de enero

Representantes de los gremios docentes se reunieron esta mañana con funcionarios del Gobierno bonaerense, en lo que fue el primer encuentro del año en torno a las negociaciones salariales. De la misma participaron los sindicalistas y representantes de los ministerios de Economía y Trabajo de la Provincia, quienes dieron el puntapié inicial de la definición del primer tramo del aumento salarial que la administración de Axel Kicillof ofrecerá para la parte inicial de 2023. Cabe destacar que a las 14 ingresaron a la sala de reuniones los estatales, para sentarse a la mesa de negociación.

Por tratarse del primer contacto, y como era de esperarse, el Gobierno escuchó los planteos de los sindicatos. Y uno de los puntos fuertes fue que pidieron que los salarios no pierdan contra la inflación.

Según se informó desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense -que nuclea a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA- «se expresó la demanda de aumento y actualización salarial por medio de la cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación». Asimismo, precisaron que «para el primer semestre se deberá hacer el cálculo con base enero 2023, y el segundo semestre estará basado en el cálculo de junio. De este modo, aspiramos a lograr el fortalecimiento del básico y la recuperación real del poder adquisitivo, junto con el impacto en el salario de Docentes, Jubilados y Jubiladas».

También se planteó la importancia de que se realice la firma de los Acuerdos Paritarios de Licencias Parentales y el de Resguardo y Reparación, trabajados en las Comisiones Técnicas durante diciembre 22 y enero 23. En tanto que el FUDB sostuvo que es «fundamental avanzar en la construcción del Convenio Colectivo de Trabajo para Trabajadores/as de la Educación».

Desde el Frente indicaron que la representación del Gobierno bonaerense «se comprometió a darle continuidad y avanzar en resolver la agenda planteada en lo salarial y laboral», y también a «una nueva convocatoria inmediata, para que se puedan garantizar las Asambleas y/o Congresos con participación democrática de Docentes afiliados/as a las diferentes Organizaciones Sindicales».

Fue la propia administración bonaerense la que había propuesto adelantar la negociación cuando se cerró el último tramo del aumento 2022, en el mes de diciembre, en parte, porque los salarios terminarían sufriendo un fuerte deterioro por efectos de la inflación y porque en medio aparece el año político en el que Kicillof se juega todas sus fichas en busca de la reelección.

Tal como informó EL DIA en su edición impresa de este martes, este primer llamado a negociar los sueldos de los docentes -y más tarde los de los estatales- coincide además en un contexto en el que la Provincia podría verse afectada en lo que respecta a la disponibilidad de recursos. Si bien el grifo de fondos nacionales nunca se detuvo para el Gobierno bonaerense, ahora está en duda cómo hará la Nación para compensar la pérdida de unos 110 mil millones de pesos producto del fallo de la Corte Suprema que le ordenó a la Nación devolver parte de los recursos que le había quitado a Capital Federal. La Nación aún no está cumpliendo ese fallo, pero en breve podría haber otra resolución de la Corte en ese sentido.

En septiembre de 2020 y en medio de una crisis salarial con la Policía, el presidente Alberto Fernández redujo fondos al estado porteño y se los transfirió a Kicillof para que pudiera desactivar el conflicto. Pero ante el reclamo del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, el alto tribunal dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a restituir parte de esos recursos.

Cabe destacar que hacia fines de diciembre, el gobierno bonaerense ofreció a los gremios estatales, judiciales y docentes un aumento adicional del 7 por ciento. De ese modo, en el caso de los docentes el promedio de incremento anual terminó siendo del 103 por ciento, mientras que para los agentes de la ley 10.430 la suba tuvo un piso del 97 por ciento.

Pero el ajuste salarial terminó siendo mayor para el caso de los auxiliares de Educación (porteros y ayudantes de cocina) que recibieron un incremento anual del 104 por ciento, que fue del 105,7 por ciento para los empleados del área de Salud. En el caso de los judiciales, la mejora terminó redondeando un 100 por ciento anual. Como todas estas subas acordadas impactaron sobre los sueldos básicos, también fueron percibidas por los jubilados de cada uno de los sectores.

Así, las subas del año pasado implican que los sueldos quedaron, en promedio, unos 3 puntos por encima de la inflación en el caso de los administrativos y unos puntos más para los maestros, profesores, auxiliares de escuelas y personal de los hospitales. Es que, de acuerdo a lo informado por el INDEC, el costo de vida acumulado a lo largo de 2022 quedó en el 94,8 por ciento.

En conclusión, el encuentro -que por parte del Gobierno se limitó a la escucha- marcó puntos importantes. En primera instancia, se exige desde el gremio estatal que los aumentos se fijen a partir del 1 de enero. Esto implica que, una vez determinada la suba, tenga un retroactivo desde la fecha mencionada.

En cuanto a los sueldos, se pidió que los aumentos sean sobre el sueldo básico y superen la inflación. Así, por otro lado, la eliminación del tope de asignaciones por hijo. La respuesta fue comprometerse a volver a convocarlos en las próximas semanas.