Enfrentamiento entre la policía y los trabajadores que resistían el desalojo, el jueves pasado. Foto: DyN / Carlos Brigo
El destino final de la planta de Pepsico en Florida, Vicente López, que fue violentamente desalojada el jueves anterior, es aún incierto. Sin embargo, los directivos del lugar evalúan darle «un fin social», a través de la cesión del espacio al Estado. «Acabamos de desalojar la planta que todavía tiene todo adentro. La idea sería buscarle un fin social pero todavía no podemos ni siquiera retirar las máquinas. Tenemos una denuncia por lock out y vaciamiento aún», señaló a LA NACION una fuente de la compañía. Si bien negaron conversaciones sobre este tema con el Ministerio de Trabajo, en la cartera que conduce Jorge Triaca dijeron, cautelosos, que «hay negociaciones pero está muy verde todo. Hay que ver si la empresa quiere ceder o no su predio y si el Gobierno acepta».
Parte de los trabajadores despedidos sigue en pie de guerra, reclamando por su reincorporación. Esta tarde, a partir de las 17.30, convocan a una movilización que irá desde el Obelisco hacia el Ministerio de Trabajo en repudio por el accionar policial del jueves y también para que la empresa los reincorpore. La marcha está motorizada por los delegados y trabajadores de la comisión interna de PepsiCo, liderada por la Agrupación Bordó, de izquierda, pero adhieren al reclamo y se movilizarán también organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales. Se espera una convocatoria nutrida y hay gran expectativa por cómo se desarrollará el operativo de seguridad.
El conflicto
El jueves pasado, apenas unas horas después del desalojo de la planta, la Cámara Nacional del Trabajo ordenó a la empresa alimentaria reincorporar a diez de los trabajadores despedidos. La Sala VI de la Cámara concedió la medida cautelar impuesta por una decena de trabajadores sindicalizados y dispuso, además, que se cumpla con el «deber de ocupación» de los empleados despedidos. Es decir, los jueces obligaron a la empresa a asignarle trabajo de manera inminente en la planta que permanece cerrada y dispusieron una multa diaria para PepsiCo de $ 5000 en caso de desobediencia.
En la empresa y en el Ministerio de Trabajo sostienen, en cambio, que se cumplió con el proceso preventivo de crisis que corresponde en estos casos. Según explicaron fuentes de PepsiCo a LA NACION «el 19 de junio se inició este proceso.El 20 se cerró la planta y tres días después se llegó a un acuerdo con el sindicato y se convalidó el cierre definitivo de la fábrica. El 6 de julio se dio por finalizado el proceso preventivo de crisis. Este fallo llegó el 13″.
Los empleados que aceptaron la indemnización cobraron el doble por años de antigüedad, al tiempo que mantendrán la obra social hasta abril de 2018. De los 691 trabajadores que fueron despedidos, 155 fueron relocalizados y el resto quedó sujeto a aceptar o no esas condiciones. La mayoría lo hizo pero cerca de 80 personas aún siguen luchando por su reincorporación y además impulsaron la denuncia por lock out. Consideran que la compañía incurrió en un vaciamiento y no cumplió con los pasos reglamentarios en estos casos. De todos modos, el 10 de julio, según aclaró la empresa, se les envió los telegramas de renuncia correspondientes. «Hoy no podemos reincorporar a nadie porque ya no tenemos empleados en Florida», señaló una fuente cercana al departamento de legales de PepsiCo. Además, aseguró que «de los diez que deberían ser reincorporados, cinco ya habían adherido a la desvinculación voluntaria».
