LIMA
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo ayer, inmediatamente después de jurar su cargo, un llamado a todas las fuerzas políticas a una tregua y se comprometió a luchar “por los excluidos”, tras la destitución y detención de su predecesor, Pedro Castillo, al que volvió a acusar de dar un golpe de Estado.
“Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”, dijo Boluarte frente al pleno del Congreso al solicitar una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional.
La abogada, de 60 años, asumió en reemplazo de Castillo, destituido horas antes “por permanente incapacidad moral” tras intentar cerrar el Parlamento en un acto calificado de “golpe de Estado”.
Boluarte es la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de nación independiente y era la vicepresidenta de Castillo desde que éste asumió el poder en julio de 2021. También había ejercido hasta hace casi dos semanas el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La flamante presidenta Dina Boluarte saluda a los miembros del Congreso tras prestar juramento / AFP
Más temprano había rechazado el intento de cierre del Congreso por parte de Castillo. En sus redes sociales indicó que se trataba de una maniobra “que agrava la crisis política e institucional, que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
La nueva mandataria, que también domina la lengua quechua y al igual que Castillo tampoco registraba experiencia en cargos políticos, trabajó como funcionaria del Registro Nacional de Identificación desde 2007 hasta 2021 y no tiene apoyo de una bancada en el Parlamento.
Boluarte convocó a un proceso de diálogo “entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso” y sostuvo que “es imprescindible retomar la agenda de crecimiento económico con inclusión social, también de manera impostergable la reforma política que nuestro país requiere urgentemente”.
GOBERNARÁ HASTA 2026
La nueva jefa de Estado debe completar el mandato de Castillo hasta el 28 de julio de 2026.
Castillo fue destituido por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones poco después de que disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política del país en más de dos décadas.
La maniobra fue calificada de “golpe de Estado” por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo. A su vez, las Fuerzas Armadas y policiales le retiraron su apoyo.
Castillo salió del palacio presidencial en un automóvil que se trasladó por el centro histórico de Lima y luego ingresó a una dependencia policial. En una fotoa difundida por la policía -que luego fue removida de su cuenta de Twitter- se lo podía observar dentro de la comisaría sentado en un sillón y rodeado de fiscales y agentes.
El destituido Pedro Castillo
Más temprano en un mensaje por la televisión pública había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.
Pero rápidamente perdió el respaldo de casi todos los integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército, su primera ministra, el canciller y el ministro de Economía.
Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda nocturno. A su vez anticipó la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
“AUTÉNTICO GOLPE”
Flavia Freidenberg, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América latina, afirmó que “lo que ha ocurrido en el Perú es un golpe de Estado con todas sus letras” y que “nada de lo anunciado por el expresidente Pedro Castillo es permitido por la Constitución”.
La académica agregó que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplieron con lo que manda la Constitución: respetar el orden constitucional” y que lo mismo ha ocurrido con el nombramiento de Boluarte porque el Congreso ha seguido “el camino que establece la Constitución”.
Esta es la segunda vez en tres años que un presidente peruano cierra el Congreso. En 2019 el entonces mandatario Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres jefes de Estado en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.
La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.
INESTABILIDAD POLÍTICA
Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes dificultando la siembra y alimentación del ganado. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja. Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de Covid-19.
INCIDENTES
En este marco, un pequeño grupo de simpatizantes y detractores de Castillo se enfrentaron ayer frente al centro donde quedó detenido en Lima el exmandatario, acusado de “quebrantamiento de la Constitución”.
Los cuerpos de la Policía Nacional de Perú (PNP) tuvieron que intervenir con gases lacrimógenos y detener a algunos de los manifestantes para poder liberar la céntrica avenida Alfonso Ugarte. En protesta por su detención, los seguidores de Castillo lanzaron piedras, adoquines y otros objetos a los policías.
