La batalla que se desató en el Congreso el jueves pasado por la reforma previsional y que continuará hoy excede largamente el proyecto que impacta sobre las jubilaciones. Expresa, al menos, tres dimensiones de la discusión y varios debates no saldados de la Argentina del último medio siglo.
En el plano más evidente y superficial, hay una discusión política. En un segundo nivel, se manifiesta un conflicto de intereses. Y por último, aparece un choque de paradigmas, que es el más profundo, el menos visitado y el más decisivo.
La discusión política resulta la más obvia: oficialismo versus kirchnerismo, adherentes de la izquierda y del Frente Renovador. Para el primero, la aprobación de las tres reformas que propuso tras imponerse en las elecciones implica traducir en hechos el capital acumulado en las urnas para multiplicar la densidad de su liderazgo y la posibilidad de la prolongación de su dominio político. El fracaso, en cambio, pone en riesgo la sustentabilidad económica de su proyecto y, como suele ocurrir en la Argentina, hasta la gobernabilidad.
Para los segundos, frenar el paquete de leyes significa la gran (y quizá decisiva) oportunidad de frenar su deterioro en el escenario político. El apoyo que logró inicialmente el Gobierno para estas reformas y su aprobación sin mayores sobresaltos en el Senado auguraba un largo período de hibernación, con una influencia decreciente en la agenda pública y en la capacidad para imponer proyectos propios, tanto para el kirchnerismo como para sus ahora aliados de la izquierda radical y del Frente Renovador. La impopular y mal explicada reforma previsional les abrió una luz de esperanza luego de la última derrota electoral.
Conflicto de intereses
El conflicto de intereses expone el enfrentamiento no sólo entre quienes son afectados en forma directa por la reforma previsional (léase jubilados y el Tesoro Nacional), sino que suma a otros que directa o indirectamente obtienen algún beneficio con el statu quo o con la transformación más general, en un terreno que incluye las reformas fiscal y económica.
Entre los conservacionistas del «nada para modificar» sobresalen los sindicalistas, sus obras sociales y los estudios de abogados asociados, a los que la trilogía reformista les quita no sólo ingresos reales, sino también potenciales. Por eso, fueron los dirigentes gremiales kirchneristas los que irrumpieron con violencia en Diputados abrazados a la bandera de «con los jubilados no, Macri», que sirve para ocultar objetivos menos altruistas.
Por otro lado, están los gobiernos nacional y provinciales. Para la Casa Rosada, no se trata sólo de darle sustentabilidad al sistema previsional, como ha tratado de justificar, sin ningún éxito por la falta de argumentos claros, sencillos y contundentes, sobre todo, de parte de comunicadores eficaces, capaces de ser comprendidos y aceptados por la opinión pública. El oficialismo necesita casi $ 100.000 millones para poder cerrar el complejo andamiaje que implica otorgar los $ 60.000 millones que necesita María Eugenia Vidal para tratar de hacer viable la indomable provincia de Buenos Aires, base de sustentación fundamental para el proyecto de permanencia y continuidad del macrismo. Y necesita hacerlo sin afectar los recursos de las restantes provincias, que, dada la falta de mayoría de Cambiemos en el Congreso, resultan imprescindibles para gobernar.
A la mayoría de los gobernadores peronistas, claro está, sólo les preocupa que nos les saquen «la de ellos». Con administraciones superpobladas de empleados públicos, subpobladas de eficiencia y despobladas de fondos suficientes para sostenerse, cuentan con una buena cantidad de habitantes en el Congreso para defender su poder territorial. A ellos no les importa a quién hay que sacarle a la hora de conservar lo que tanto cuesta mantener, pero tampoco están dispuestos a inmolarse por iniciativas de alta (in)sensibilidad y, menos, de un gobierno que no es «del palo».
Además, del otro lado los amenazan, los hostigan y los exponen los sin tierra del peronismo residual, reunidos en el kirchnerismo más ultra (por convicción o conveniencia) y en el massismo en fuga, a los que no los motiva la razonabilidad de ningún proyecto que sólo les ofrezca como horizonte varios años más en el desierto o, peor, que pueda acrecentarles la posibilidad de quedar mucho tiempo a la sombra. Suficientes incentivos para dinamitar todo lo que provenga del macrismo.
El choque de paradigmas
Y, al final, lo que de verdad subyace debajo de tanto polvo, escombros y ruido, y que lo traba casi todo. El choque de paradigmas que expresa este conflicto saca a la luz un debate que hace casi cuatro décadas que la Argentina no se da de manera clara y directa. Es en definitiva el conflicto entre distribución y creación de riqueza.
Pese a la decadencia sostenida que registra el país desde hace 50 años, según muestran todos los indicadores económicos y sociales, el bando de los distribucionistas se ha mantenido invicto hasta hoy en la batalla cultural bajo el paradigma del granero del mundo, la Argentina potencia y otros eslóganes. No importa que se trate de un país surrealista con un tercio de su población bajo la línea de la pobreza, casi la mitad de la economía sumida en la informalidad y un 40% de sus trabajadores en negro. Por eso, cualquier discusión se ha reducido en estos años a disputar quién se apropiaba de lo que otro tenía o se creía que tenía (llámese renta, derechos, privilegios, beneficios, etcétera).
Tiene lógica: los intentos de cambiar ese paradigma no sólo no han sido exitosos, sino que, como ocurrió en la década del noventa, dejaron muchos más pobres cada vez más pobres y ricos mucho más ricos, con una destrucción del empleo y de la cultura del trabajo, una exacerbación de la frivolidad y la corrupción, sin ninguna contención social como jamás se había visto en la historia argentina. En definitiva, un país mucho más injusto y más alejado para enormes mayorías de la fundacional idea de progreso social.
Por eso, el macrismo está obligado a rendir examen de sensibilidad social y debe demostrar que todo proyecto de reforma que toque a sectores vulnerables no tiene por objetivo último favorecer a los más beneficiados, a los dueños del capital, a los grandes empresarios o como se los quiera llamar, sino hacer un país viable, con una economía sustentable, capaz de sacarlo de la decadencia y volver a generar progreso social, cultural y económico para todos.
Para eso, Macri tiene mucho a favor: 50 años de fracasos parecen haber dado lugar a que la discusión sobre la creación de riqueza empiece a asomar, aunque tímidamente y con eufemismos y metáforas, como un tema de la agenda pública urgente, a riesgo de que el país vuelva a caer en otra crisis terminal y, tal vez sí, definitiva.
Aunque es obvio, vale subrayar que no necesariamente quienes encarnan este ideario tienen las respuestas adecuadas ni los proyectos más eficaces. El problema es que será difícil comprobarlo si la discusión sólo se da entre impulsores de modelos antagónicos, incapaces de salir de un empate paralizante. El desafío será encontrar incentivos para que sean más los que se sumen a esta discusión y menos los que se sientan motivados, otra vez, a dinamitarlo todo.
