El Gobierno desafía a la agrupación de jueces y fiscales Justicia Legítima, que suele compartir las posturas del kirchnerismo, y la intimó, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), a que presente sus balances.
El organismo, encargado de registrar a las empresas y sociedades civiles, como es Justicia Legitima, le notificó que deberá presentar el balance general del 31 de diciembre de 2016.
También le reclamó un inventario anual respecto de los estados contables. Lo que quiere saber la IGJ, que depende del Gobierno, es el detalle de los activos y los pasivos de la organización, correspondientes a su situación patrimonial. Esos documentos deben estar firmados por el representante legal de la asociación y su contador.
Asimismo, el organismo, que depende del Ministerio de Justicia, le pidió a Justicia Legítima que declare si recibió donaciones y de quién las recibió, así como el acta de asamblea mediante la cual aprobó su balance.
La nota busca presionar a la organización que es vista por el Gobierno como la principal promotora en Tribunales de las causas judiciales que se inician con denuncias de diputados del kirchnerismo.
Inspirada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que integra su comisión directiva, junto con Alejandro Slokar, el juez de la Cámara de Casación que también es vocal de la entidad, Justicia Legítima se transformó en el ala judicial que apoyó las políticas del kirchnerismo.
Con el macrismo en el poder, se convirtió en un organismo que se opuso a las políticas de Ministerio de Justicia y defendió la causas del kirchnerismo, incluidos los reclamos por la liberación de Milagro Sala. El Gobierno la considera una usina de operaciones en su contra dentro de los tribunales.