COMODORO RIVADAVIA.- Un conflicto en la empresa CPC, la constructora del empresario preso Cristóbal López, a cuyos trabajadores se les adeudan los sueldos desde octubre último, mantiene sumida en un caos a esta ciudad y la cuenca petrolera. Los piquetes, protagonizados por operarios de la Uocra del Grupo Indalo, interrumpen el tránsito de la ruta 3 e impiden la circulación hacia los yacimientos y del tránsito pesado que atraviesa esta ciudad.
La llama del conflicto pone a esta región al borde de la explosión, con la actividad petrolera paralizada, inconvenientes en el abastecimiento de agua para 450.000 habitantes del sur de Chubut y norte de Santa Cruz por la imposibilidad de realizar tareas de mantenimiento, desabastecimiento de combustibles y pérdidas en los ingresos por regalías hidrocarburíferas.
El secretario general del Sindicato de los Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, dijo ayer que las operadoras anunciaron un plan de vacaciones anticipadas desde el lunes próximo para entre 500 y 600 operarios. El dirigente también reconoció que les notificaron que las compañías no pagarán los días caídos a los trabajadores.
«Los días caídos los discutiremos en su momento, porque ahora no podemos sumar un conflicto sobre otro. Es lamentable que no haya una mesa de diálogo porque los trabajadores de la Uocra están dispuestos a ir, pero si la Nación no los convoca, seguimos profundizando la crisis», aseguró.
En las últimas horas, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, le pidió al presidente Mauricio Macri que dé intervención al Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que el conflicto -que involucra a 350 familias- impacta sobre la producción petrolera y amenaza con seguir erosionando las ya delgadas cuentas públicas, afectadas por la baja de ingresos por regalías.
Esa curva ya viene en baja: los más de $2000 millones perdidos este año explican buena parte del déficit provincial, que el gobernador Arcioni busca compensar con asistencia financiera de la Nación, a través del pacto fiscal cuya aprobación legislativa no pudo lograr esa semana.
CPC, la firma de López, concentra varias obras de importancia: entre ellas, la doble trocha Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, una de las que reflejaron con claridad los sobreprecios pagados a Lázaro Báez. Vialidad Nacional volvió a licitarla en 2016 y la adjudicó a López.
Desde que comenzó el reclamo, funcionarios del ámbito nacional informaron en distintas oportunidades que Vialidad no tiene deudas con CPC. Por el contrario, el organismo aplicó multas que superan los $35 millones por diversos grados de incumplimiento de la empresa, tanto en el pago de las quincenas a sus obreros como también a sus proveedores.