Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria
En el Congreso, las gobernaciones, las intendencias y en la propia Casa Rosada, en definitiva donde se hace política en la Argentina, coinciden en que el recurso de la “marcha atrás” es una característica de la administración de Mauricio Macri. Ya sea por problemas de comunicación, mala praxis operativa o por no tener la capacidad de resistir a la presión opositora, el Gobierno ya suspendió o corrigió medidas en una decena de ocasiones.
En esta oportunidad, el Gobierno anuló la resolución de la Secretaría de Energía que imponía un aumento extra de la tarifa del gas, que era injusto para los consumidores. La nueva marcha atrás obedeció a un conjunto de razones, pero la más importante fue –como publicó EL DIA- que no se le complique el tratamiento del Presupuesto 2019. Por eso fue el ministro encargado de esa negociación, Rogelio Frigerio, quien llevó la capitulación al Senado.
La Cámara alta es el lugar institucional donde están representadas las Provincias. Ayer mismo, un grupo de gobernadores envió una carta a Frigerio en la que se pronunció en contra de la medida instrumentada por el secretario Javier Iguacel. Y el titular de la cartera política terminó de comprender que los mandatarios podrían retraer su apoyo al Presupuesto. Ese fue el punto de quiebre que decidió al Gobierno a volver sobre sus pasos.
También incluyó que la UCR se plantara públicamente en contra de la medida y propusiera un camino alternativo muy similar al que finalmente adoptó la Casa Rosada y convalidó, al caer la tarde, el Senado en un proyecto de comunicación acordado entre Frigerio, el peronista federal Miguel Pichetto y el presidente provisional Federico Pinedo. Afuera de ese pacto quedó Cristina Kirchner, aunque logró capitalizar políticamente el traspié de Cambiemos.
La presión más concreta la habían ejercido todos los bloques de diputados opositores al convocar a una sesión especial para el 18 de octubre, que se desactivó tras el acuerdo de Frigerio con las principales bancadas del Senado. Por las características que tiene la administración Macri, esos espacios políticos ya deciden acciones sobre la base de que tienen amplias posibilidades de lograr una “marcha atrás” oficial. Sobran ejemplos en los últimos tres años.
El más resonante de ellos también está vinculado a las tarifas de los servicios públicos. Y fue la Corte Suprema, tras una oleada de amparos, la que ordenó al Gobierno a morigerar los aumentos y a convocar a audiencias públicas para convalidar los cuadros tarifarios del gas y la luz. En ese conflicto se desgastó notablemente la figura del ministro de Energía, Juan José Aranguren, a quien Macri mantuvo en el Gabinete pero este año, en medio de la crisis, lo terminó echando.
Iguacel, el sucesor de Aranguren aunque degradado a secretario, quedó ahora en medio de una tormenta interna en el Gobierno porque al parecer no informó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la resolución que sorprendió al coordinador económico en medio de un viaje para mantener una nueva entrevista con la directora general del FMI, Christine Lagarde. Aunque resultó visible que contaba con el apoyo de Macri hasta que Frigerio tomó intervención.
Iguacel pasó de atribuir las críticas al kirchnerismo, a tratar de explicar la resolución en términos técnicos, incomprensibles para el gran público. El comunicador natural del Gobierno, Marcos Peña, se encuentra en un proceso de reclusión política. El jefe de Gabinete está dedicado a afianzar el relato político de Cambiemos de cara a las elecciones de 2019. Ayer mismo encabezó un encuentro denominado “Argentina Cambio Cultural”.
Pero aún cuando Peña era el portavoz gubernamental, las idas y vueltas resultaban ostensibles. Una de ellas ocurrió cuando Macri nombró por decreto como jueces de la Corte a Carlos Rosenkrantz –actual titular del cuerpo- y a Horacio Rosatti, para luego desistir y enviar los pliegos al Senado. En la mesa chica del Gobierno se decidió que había que hacer un gesto de autoridad frente al peronismo del Congreso, que pasó la raya de la legalidad.
El Gobierno también dio marcha atrás con la conversión del 24 de Marzo como un “feriado móvil”, lo que desató la protesta de los organismos de derechos humanos; frenó la eliminación de 70.000 pensiones por discapacidad; suspendió un decreto que modificaba el régimen de las ART; canceló el cambio de la fórmula según la cual se calculan las jubilaciones y dio de baja un acuerdo polémico por una deuda del Grupo Socma –de la familia Macri- con el Correo Argentino.
En definitiva, la “marcha atrás” es una marca registrada de Cambiemos en el ejercicio del poder.
