¿Por qué lo que había sido excluido del debate público durante 34 años está permitido en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué ahora conocidos referentes políticos y sociales pueden pedir en declaraciones públicas el pronto final del gobierno de Cambiemos, es decir, su destitución? ¿Por qué hay tan poca reacción de parte del arco político racional del país ante esas claras incitaciones a voltear un gobierno elegido democráticamente? Estas preguntas conllevan la certeza de que un contrato importante se rompió en la política argentina.
Ya esa ruptura había dado los primeros signos de vida cuando en diciembre, frente al Congreso, un grupo violento lanzó varias toneladas de piedras sobre las fuerzas de seguridad e intentó tomar la sede del Parlamento. La resolución pacífica de los conflictos políticos formaba parte del contrato de 1983 como una respuesta a la violencia de los años 70.
El respeto de la Constitución -y, por lo tanto, de la duración de los mandatos- está también en ese acuerdo básico de hace casi 35 años. Podrá decirse que esa parte del pacto político no se cumplió con Raúl Alfonsín ni con Fernando de la Rúa. Es cierto. Pero el peronismo que conspiró en ambos casos no lo hizo proclamando a viva voz la necesidad de un golpe civil. Por el contrario, se mostró obligado a hacerse cargo del país, aunque era lo que buscaba desesperadamente.
En días recientes, dos figuras conocidas por distintas razones, el gremialista Luis Barrionuevo y el jurista y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni, notificaron públicamente que la mejor solución a los problemas argentinos es que Macri se vaya cuanto antes. La equiparación de esas dos personas es injusta con Barrionuevo, porque este no tiene la formación intelectual de Zaffaroni ni su trayectoria en la cima de uno de los poderes del Estado. Pero el sindicalista Barrionuevo tiene experiencia suficiente como para valorar el peso de las palabras que ha dicho.
Ni siquiera explica la novedad una misma adscripción política e ideológica. Zaffaroni, de 78 años, descubrió el progresismo en la madurez de su vida, poco después de que Cristina Kirchner asumiera el poder. Si bien siempre fue un jurista más cercano al abolicionismo que al garantismo, su adscripción política fue a lo largo de su vida más moderada que el supuesto izquierdismo que lo atacó en la madurez y ya en la vejez.
Barrionuevo, en cambio, viene del peronismo clásico y rancio. Nunca se supo con claridad si comparte la adhesión de su esposa, Graciela Camaño, a la renovación que proclama Sergio Massa. Barrionuevo es un sindicalista antiguo: hábil e ingrato; voraz con el dinero y cultor del corporativismo gremial. Descendiente de la derecha peronista y sindical, nunca estuvo ni cerca de Cristina Kirchner, a la que despreció en público y en privado. Se le conoce un solo mérito: la sinceridad con la que expone las barbaridades que piensa.
Zaffaroni dijo textualmente que «quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible porque así hace menos daño». Y agregó que creía que, en efecto, se iría antes de tiempo. ¿Qué habría sucedido si alguien de su trayectoria hubiera dicho algo parecido durante el mandato de Cristina Kirchner? Plazas llenas de militantes e interminables cadenas nacionales habrían denunciado un «clima destituyente» (Carta Abierta dixit) y el autor o la autora habrían terminado sentados ante varios jueces. Es probable que hasta la oposición a Cristina Kirchner, el macrismo y el radicalismo, hubieran salido a condenar el golpismo manifiesto.
Vale la pena detenerse en Zaffaroni porque él no es solo lo que ha sido. Es actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución que forma parte de la Constitución argentina luego de la reforma de 1994. ¿Está habilitado para seguir ocupando ese lugar después de que propició la destitución del gobierno de su país?
Según José Miguel Vivanco, director de las Américas de la prestigiosa organización Human Rights Watch, no lo está. Vivanco, que tiene su oficina en Washington, ha mostrado en los últimos dos años una notable independencia para juzgar la situación de los derechos humanos durante la administración de Macri. Fue crítico varias veces. Sobre Zaffaroni, acaba de decir que sus declaraciones «dañan la credibilidad de la Corte Interamericana porque generan la impresión de que se trata de un organismo con una agenda ideológica en lugar de un tribunal imparcial e independiente». Sin decirlo, Vivanco le pidió la renuncia a Zaffaroni.
Aquí, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, anunció que su organización «trabajará jurídicamente para que la Corte Interamericana entienda que Zaffaroni carece de imparcialidad para ser juez de ese lugar». Lipera no espera, por lo tanto, una renuncia voluntaria de Zaffaroni; hará las gestiones necesarias para que le reclamen la dimisión o lo despidan de su cargo.
Ya era absolutamente incompatible con su cargo la función de hecho que tenía Zaffaroni como abogado de Cristina Kirchner. También la acompañó en varias de las travesías por los tribunales federales. Sea porque se vaya voluntariamente o porque lo destituyan, lo cierto es que Zaffaroni no puede ser más juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Barrionuevo es la consecuencia de un extendido temor sindical. El temor a los jueces, que están llevando a la cárcel a varios dirigentes gremiales, es el peor susto que puede afligir a la estirpe sindical. Pocos entre los grandes dirigentes del gremialismo pueden transparentar sus posesiones y las de sus familias. A ese temor se le sumó en las últimas horas una serie de decisiones del Gobierno para mejorar el manejo de las obras sociales, que es la caja recaudadora más importante de los sindicatos. A ese paquete de circunstancias Barrionuevo la nombró con una metáfora: le están tocando la cola al león, dijo. Y cuando eso sucedió en la historia, agregó, los gobiernos terminaron antes de tiempo. Mentó los ejemplos de Alfonsín y De la Rúa.
«Yo no amenazo; solo aviso», dijo después con notable cinismo. Barrionuevo tiene una CGT que solo existe porque se habla de Barrionuevo, pero suele sentarse entre los principales jerarcas sindicales. ¿Estos tienen la misma opinión que Barrionuevo sobre el destino del gobierno de Macri? Si bien la administración de Macri no corre ningún peligro, sería conveniente (y oportuno) que la dirigencia sindical aclarara su posición ya no frente a Macri, sino sobre los principios básicos del sistema democrático.
Volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué ahora sí se pueden decir frases desestabilizantes que antes estaban prohibidas? La dirigencia política y sindical calló, salvo excepciones como las de Mario Negri y Luis Naidenoff, que pertenecen al mismo espacio que lidera el Presidente. La salida de Cristina Kirchner del poder y su posterior peripecia judicial crearon una corriente política que cree que Macri debe ser un paréntesis breve de la historia, a pesar de que ya ganó tres elecciones nacionales consecutivas (la segunda vuelta con Daniel Scioli, las primarias y las generales de 2017).
Esa corriente cultiva también el convencimiento de que el golpismo es malo solo cuando afecta a un gobierno llamado progresista. Y es, en cambio, un recurso legítimo cuando se trata de un gobierno de centro o de centroderecha, como califican al de Macri.
El Presidente nació rico, además, y eso provoca en algunos el odio y el resentimiento que les impide discernir lo políticamente correcto de lo incorrecto. Es una minoría de fanáticos y de charlatanes, porque una mayoría social sabe que detrás de la defensa del progresismo se esconden las principales fortunas mal habidas de la Argentina.
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