En Diputados está el número para derogarlo y el Senado podría seguir el mismo camino; podrían convertirlo en un proyecto de ley
Tras el éxito en las agitadas sesiones extraordinarias de diciembre, el oficialismo enfrenta ahora el peor de los escenarios posibles. El DNU sobre desburocratización y simplificación del Estado firmado por Mauricio Macri a principios de este mes ha juntado la suficiente masa crítica para su rechazo en ambas cámaras del Congreso.
Los cuestionamientos del kirchnerismo, el massismo y del peronismo que responde a los gobernadores (interbloque Argentina Federal) ya tendrían asegurados, gracias al aporte de la izquierda, el Movimiento Evita y otros monobloques, los votos necesarios para derogarlo en Diputados.
Las luces de alarma en el tablero de Cambiemos terminaron de encenderse con el mensaje que el peronismo no kirchnerista del Senado ya transmitió a varios referentes oficialistas. «El DNU lo tienen que defender en Diputados», fue el consejo que llegó a varios despachos radicales y macristas. En otras palabras, el bloque que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) no está dispuesto a pagar el costo de quedar como el sostén de un decreto que el rionegrino ya calificó de «abusivo».
Según la ley 26.122, que reglamentó el control parlamentario de este tipo de herramientas, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se requiere el rechazo de ambas cámaras.
El polémico DNU 27/2018 tiene cerca de 400 fojas y modifica 19 leyes, seis decretos y dos decretos ley. Además, deroga 15 leyes, decretos y decretos ley y abroga otras tres normas legales.
Sus disposiciones afectan ocho ministerios, la Anses, el Banco Central y la Agencia de Administración de Bienes del Estado con un amplio abanico de medidas, que van desde la modificación de reglas fitosanitarias hasta regulaciones portuarias y de la aviación civil, pasando por el registro de marcas y patentes.
Entre las disposiciones más polémicas se encuentran la autorización para operar como entidad financiera al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la posibilidad de embargar las cuentas sueldo con un saldo superior a tres salarios promedio.
El kirchnerismo y el massismo ya hicieron punta y se presentaron en la Justicia para impugnar el DNU. El FPV lo hizo acusando al Presidente y a su gabinete de abuso de poder. El Frente Renovador, por su parte, pidió en los tribunales que se declare inconstitucional la medida porque excede las facultades del Poder Ejecutivo.
Lo único que detiene por el momento la embestida opositora en la Cámara baja es la duda en torno a si el Congreso está habilitado para tratar un DNU fuera del período ordinario, que va del 1º de marzo al 30 de noviembre. La ley de trámite legislativo, que reglamentó el control parlamentario de esos decretos, establece que la comisión bicameral puede reunirse y dictaminar durante todo el año, pero no especifica si esa excepción alcanza a su tratamiento en el recinto, aun cuando la norma sostiene que una vez emitido el dictamen las cámaras «deben darle inmediato y expreso tratamiento», una disposición que hasta el momento nunca se ejecutó.
Escenario inédito
Es una situación inédita. Igual de inédito sería el rechazo de un decreto de necesidad y urgencia por alguna cámara legislativa. De hecho, desde la sanción de la ley 26.122, en 2006, ningún DNU fue derogado por el Congreso.
Mientras la oposición en Diputados, con el kirchnerismo a la cabeza, aceita su estrategia para llevar el decreto al recinto, el oficialismo empezó a diseñar medidas para evitar el duro revés político que implicaría el rechazo del DNU.
Por lo pronto, en contactos entre el jefe del bloque de diputados de Pro, Nicolás Massot (Córdoba), y del interbloque Cambiemos del Senado, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), definieron convocar a la bicameral para el 6 de febrero próximo, dos días antes de que venza el plazo legal de diez días hábiles que tiene la bicameral para expedirse sobre el decreto, que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el miércoles de la semana pasada.
El oficialismo logró blindarse en esa comisión al garantizarse la mitad de los 16 miembros que la componen. Ese número no le alcanza para emitir dictamen de mayoría, pero es suficiente para dejar a la bicameral en una situación de tablas que le impediría pronunciarse sobre el polémico DNU. Pero esto no evitaría que, una vez vencidos los diez días hábiles para que se pronuncie la comisión, el decreto sea llevado al recinto sin dictamen.
Ante esta eventualidad, comenzó a cobrar cuerpo en el oficialismo un plan B: convertir el decreto en un proyecto de ley y someterlo, a partir del 1º de marzo, a debate en comisiones y aceptar los cambios necesarios para poder desarmar así el rechazo de la oposición, que por ahora parece unánime.
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