El viernes pasado, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto por el cual María Fernanda Inza fue designada al frente de la Contaduría General de la Provincia en reemplazo de Gastón Messineo, quien renunció semanas atrás. Inza, cuyo pliego fue votado en el Senado entre críticas opositoras, ocupa actualmente el cargo del tesorera del PRO en la Provincia y su nombramiento se produjo en medio de las denuncias por los supuestos aportes “truchos” de la campaña.
Con el desembarco de Inza en la Contaduría, en la Provincia todos los organismos encargados de controlar y auditar los actos de gobierno quedaron en manos de funcionarios vinculados políticamente al oficialismo. En efecto, ni en la Contaduría General, ni en la Fiscalía de Estado, ni en la Tesorería ni en el Tribunal de Cuentas hay representantes de fuerzas de la oposición.
Eso, con un agravante: desde principios de junio pasado, el Tribunal de Cuentas, el máximo organismo de control de la Provincia, quedó virtualmente sin posibilidades de funcionar por la falta de cobertura de vacantes que se fueron abriendo en su estructura de vocalías. Eso, en medio de reclamos de la oposición a la gobernadora María Eugenia Vidal por la demora en el envío de los pliegos para reemplazar a los vocales que dejaron sus cargos en los últimos dos años.
Se trata de un proceso que se fue consolidando en los últimos años hasta desembocar en el actual escenario. En 1987, al asumir su cargo, el ex gobernador Antonio Cafiero decidió mantener a todos los titulares de los organismos de control que habían sido designados por su antecesor radical Alberto Armendáriz.
Luego, en la década del ‘90, en sus dos períodos al frente de la Provincia el ex gobernador Eduardo Duhalde se jactaba de tener al frente de todos los organismos de la Constitución a dirigentes de fuerzas de la oposición, como el fallecido fiscal de Estado Ricardo Szelagowski, de origen radical, o a funcionarios de carrera, como el ex tesorero Amilcar Zufriategui.
Ese panorama se fue modificando en las siguientes gestiones. Durante su paso por la Gobernación, por ejemplo, Felipe Solá designó a un dirigente cercano, Mario Cura, al frente de la Contaduría.
El pliego de María Fernanda Inza fue votado el miércoles en el Senado en una sesión en la que se coló la polémica por las denuncias que apuntaron a la ex secretaria Legal y Técnica de la Provincia por su rol como tesorera del PRO en las supuestas maniobras irregulares en los aportes de la campaña electoral de Cambiemos. Se trata de una funcionaria de extrema confianza de Vidal y una larga trayectoria dentro de la estructura del macrismo, ya que también trabajó en la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue miembro fundadora de Compromiso para el Cambio, la génesis del PRO.
La tesorera partidaria está al frente desde el viernes pasado de un organismo que quedó en el ojo de la tormenta por el conflicto derivado en la implementación del nuevo sistema informático para la tramitación de los expedientes, cuya problemática puesta en marcha generó enormes atrasos en los pagos y quejas de proveedores del Estado.
En la Fiscalía de Estado, el organismo de la Constitución que tiene como misión la representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires tanto en carácter de demandada como demandante, está al frente desde el año 2012 Hernán Gómez. Abogado de origen radical, Gómez se desempeñaba como fiscal adjunto hasta el fallecimiento del ex titular del organismo Ricardo Szelagowski, también vinculado a la UCR. Su continuidad al frente fue resuelta por el ex gobernador Daniel Scioli en el marco de un acuerdo político del que formó parte la UCR.
El Tribunal de Cuentas ni siquiera tiene quórum para disponer sanciones a funcionarios
La oposición tampoco tiene presencia en la Tesorería General. Desde 2016 al frente de la Tesorería está Horacio Stávale. Platense, licenciado en Economía en la UNLP, es hijo del fallecido dirigente radical Juan Carlos Stávale, que fue varias veces legislador nacional y provincial y presidente tanto del Comité Provincia de la UCR.
El panorama se completa con el Tribunal de Cuentas, el máximo organismo contralor de la Provincia, que está encargado de controlar las cuentas del gobierno provincial y los 135 municipios.
El órgano de decisiones del Tribunal está conformado por una presidencia -que está a cargo de Eduardo Grinberg (históricamente vinculado al radicalismo- y cuatro vocalías: dos encargadas de auditar los municipios; una que se ocupa de controlar las reparticiones autárquicas y entes especiales; y otra que se ocupa de controlar la administración central, es decir, el Ejecutivo.
Para funcionar, necesita un quórum de tres titulares, pero actualmente sólo cuenta con un presidente y un vocal, ya que en los últimos tiempos se fueron produciendo vacantes por un fallecimiento y jubilaciones que no fueron cubiertas por el Ejecutivo, lo que motivó quejas de la oposición y de las entidades que nuclean al personal de los organismos de control.
“Este organismo de control externo tiene por función nada menos que aprobar, entre otras, las cuentas de gastos e inversión que lleva a cabo el propio Poder Ejecutivo. Dilatar en el tiempo estas acefalías atenta sin duda contra la tan anunciada necesidad de transparencia y lucha contra la corrupción”, señalaron desde la Asociación del Personal de los Organismos de Control.
La situación también disparó críticas de la oposición en el Senado, la cámara que debe votar los pliegos para la designación en los organismos. “Hoy en la Provincia no existen controles”, denunciaron desde el bloque de Unidad Ciudadana que preside Teresa García. “Ninguno de los organismos creados para controlar los gastos está funcionando plenamente. El Tribunal de Cuentas no tiene la cantidad de miembros necesarios para emitir dictamen, la Oficina Anticorrupción es un ente fantasma y en el fuero contencioso administrativo también faltan designaciones que garanticen el normal funcionamiento. Hoy nadie controla cómo y en qué se gasta el dinero de los fondos públicos”, señaló.
“Nos es positivo para ningún gobierno que la oposición no tenga posibilidad de controlar y auditar la gestión”, dijo el senador massista José Luis Pallares. Y añadió: “La gente decide quién gobierna y quién tiene el rol de contralor y eso debe ser respetado por todos los gobiernos”.
