Según trascendió en las últimas horas, Valentín Díaz Gilligan, renunció al cargo de subsecretario general de Presidencia, tras el escándalo que se generó por una investigación realizada por un medio de prensa español que vincula al ahora ex funcionario con cuentas offshore en un país europeo.
La renuncia se conoce en el mismo día en el que el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunciara a Díaz Gilligan ante la justicia federal por presunto lavado de activos, a raíz de la investigación periodística del diario El País de España que reveló que el funcionario argentino poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.
La denuncia del diputado kirchnerista, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta «omisión maliciosa» por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano.
«Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad», sostuvo Tailhade en la denuncia.
«Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País», sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el diario español.
«No podemos soslayar que en su `defensa´ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales.
Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra», remarcó el diputado kirchnerista. «Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave.
La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político», remarcó.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación. En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que «no hay fondos públicos involucrados» en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.
