La economía podría entrar en un ciclo de menor crecimiento si el Gobierno no hace rápidamente algunos cambios en su política. La inflación superará este año en, por lo menos, siete puntos el nivel previsto en el presupuesto. Las economías regionales se están apagando lentamente por obra de un dólar subvaluado. El déficit obliga a un endeudamiento cada vez mayor, que, a su vez, tira hacia abajo el precio del dólar y hace inviables las exportaciones y facilita las importaciones. Si bien en las elecciones recientes quedó claro que no siempre los ciudadanos votan con el bolsillo, subestimar el valor político de la economía podría resultar un grave error. Las encuestas, por su lado, son una fotografía del estado de ánimo de la sociedad en el día de hoy, pero no pronostican lo que puede suceder mañana.
En ese contexto, el reciente aumento de las naftas es una medida impolítica. En primer lugar, porque no era necesario. Esta es la aseveración de varios economistas privados y de funcionarios económicos del propio Gobierno. Ese incremento podría haberse postergado un mes, hasta después de las fiestas de fin de año. El hecho de haberlo aplicado ahora compromete la inflación de diciembre y también la del año. Según varios economistas, la inflación de diciembre rondará entre el 2,8 y el 3 por ciento. El último mes del año es estacionalmente de inflación alta, lo que se agravará ahora con el aumento del combustible. La inflación anual se colocará en el 24 por ciento, cuando la estimación presupuestaria había fijado una franja inflacionaria para el año que termina de entre el 12 y el 17 por ciento.
Las naftas habían tenido ya un aumento del 10 por ciento el día después de las elecciones. En un mes y medio, las naftas aumentaron un 16 por ciento y acumulan un incremento de entre el 28 y el 35 por ciento durante este año, muy por encima de la inflación. El precio de los combustibles influye en la cadena de precios de todos los productos. En el Gobierno no quisieron aclarar si el reciente aumento fue una decisión exclusiva del ministro de Energía, Juan José Aranguren, o si fue una resolución que tomó con el consentimiento político de la administración. «Diciembre no es un mes para dar malas noticias. ¿Por qué rompemos con esa tradición?», se pregunta un ministro.
De alguna manera, el último aumento de las naftas es también el argumento del Banco Central para justificar por qué no se cumplió la meta inflacionaria. También para el Central ese aumento era innecesario. En rigor, la política de la autoridad monetaria ya había mostrado su fragilidad mucho antes. Aquella pauta del 17 por ciento no se habría cumplido aunque no existiera el reciente aumento. También es cuestionada la política de tasas altas del Banco Central para frenar la inflación. Las tasas altas sólo tienen el propósito de sacarle dinero al consumo y bajar la inflación por la retracción de las ventas.
Es inexplicable que después de dos años de administración económica las tasas se hayan fijado en el 28,5 por ciento. La política del Gobierno choca de frente con la política económica, no sólo del Banco Central. Mientras el Presidente (y otros funcionarios políticos) se ufanan de haber empezado un ciclo de 20 años de crecimiento anual del 3,5 por ciento, un sector del equipo económico trabaja para bajar el consumo y, por lo tanto, para volver al estancamiento de la economía.
Más allá de la polémica entre «liberalotes» (Fernando Iglesias dixit) y gradualistas, lo cierto es que la política de endeudamiento supone un gran ingreso de dólares al país. Como los gastos del Estado son en pesos, esos dólares les son vendidos al Banco Central. La abundancia de dólares empuja a la baja el precio del dólar. Casi todas las economías regionales (en el interior del país, además, las naftas son más caras que en la zona metropolitana) están entrando en un proceso de estancamiento por la dificultad para exportar.
Así las cosas, y por obra también de un dólar subvaluado, las importaciones son más baratas, hasta el extremo de que el Gobierno debió hacer una política de cristinismo tardío cuando anunció que el año próximo multará la compra de celulares en el exterior. Extraño en un gobierno que se jacta de incorporar el país a un mundo donde son habituales la compra y el intercambio de productos tecnológicos. Parece más una decisión desesperada que una medida de política económica.
¿Quién tiene la culpa? Es el problema de las conducciones colegiadas. Nadie. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se pasó todo el año visitando provincias para convencerlas de que la política del gobierno federal es la correcta. Consiguió aceptaciones breves. Su principal papel, el de comunicador de la política económica, quedó eclipsado por las decisiones del Banco Central y de Aranguren. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, hace bien lo que sabe hacer: conseguir créditos para financiar el déficit, que es precisamente lo que critican economistas ortodoxos y heterodoxos.
El principal problema del país sigue siendo el nivel del déficit fiscal. El único ajuste que se permitió el gobierno de Macri es el de las tarifas de algunos servicios públicos, pero no mucho más. Tienen razón los gradualistas cuando señalan que la política de ajuste debe verse a la luz de los rígidos límites políticos del Gobierno. Sin mayoría parlamentaria y sin la mayoría de las gobernaciones, el Gobierno es el resultado de una coalición política, cuyos integrantes no siempre están de acuerdo.
Pero también los asiste la razón a los ortodoxos cuando señalan que el endeudamiento no puede ser el eterno remedio de los problemas económicos argentinos. El año próximo se necesitará tomar deuda por unos 35.000 millones de dólares adicionales. El porcentaje de la deuda con respeto al PBI sigue siendo bajo, pero, como dice Juan Carlos de Pablo, es bajo hasta que en algún momento es alto. Y cuando ese porcentaje es alto, los prestamistas desaparecen,
Uno de los problemas irresueltos del Gobierno es la escasa inversión productiva externa. Hay inversión especulativa, pero eso no dice ni hace nada. Al contrario de lo que muchos funcionarios previeron siempre, la mayoría de las inversiones, que crecieron en los últimos meses, corresponden a empresarios nacionales.
El problema es que un país con ese nivel de inflación y con esas tasas de interés es poco comprensible para los inversores extranjeros que deciden apostar a un país por mucho tiempo. Nadie ha puesto en duda la excelente recepción que Mauricio Macri tiene en el mundo, pero otra cosa son las decisiones que comprometen por largos períodos el capital de empresarios extranjeros.
Para peor, otros errores complican algunas de las reformas propuestas por Macri. El diputado de su partido Pablo Tonelli acaba de decir que con la reforma previsionales «los jubilados tendrán menos dinero, pero más poder adquisitivo». La segunda parte de la frase tuvo mucho menos repercusión que la primera. ¿Para qué hablar en esos términos? ¿Para qué, cuando esa reforma es crucial para la administración y los votos en la Cámara de Diputados son posibles, pero no seguros?
El Gobierno contaba con unos 105 votos propios y los gobernadores peronistas le habían asegurado 30 votos más, 135 sobre los 129 necesarios. La estrecha diferencia, apenas seis diputados más, no permitía ninguna palabra impolítica. Raro en un gobierno que ha hecho de sus apariciones públicas el resultado de un elaborado sistema de decisiones. Acertadas o equivocadas, pero elaboradas.
Ya la administración debió digerir que el clan Moyano les trabara la reforma laboral. Hay funcionarios que esperan un irremediable «choque de trenes» entre el gobierno de Macri y los Moyano. Hugo Moyano padre envió mensajes en las últimas horas aclarando que le es imposible controlar a su hijo Pablo. Algunos le creen; otros, no. Sea como fuere, ese eventual choque de trenes necesita de un presidente fuerte para enfrentarse al más poderoso dirigente sindical argentino. ¿Para qué sus funcionarios lo debilitan decretando aumentos innecesarios? ¿Por qué, en todo caso, no analizan con más profundidad el problema político que significa la economía argentina?
