La oposición parlamentaria consiguió el quórum para habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de ley que modifica el esquema tarifario de servicios públicos, tras su fracaso de hace una semana, cuando el interbloque Cambiemos no dio quórum para habilitar la sesión especial.
De hecho, el bloque justicialista, junto a los massistas, el kirchnerismo, la izquierda, y bancadas provinciales habían asegurado hoy que tenían el quórum para abrir la sesión que impulsan con el fin de discutir la iniciativa plasmada en base a unos 26 proyectos que oscilaban entre atenuar las tarifas o congelarlas hasta el 2019.
Más allá de que logró el quórum, la oposición no lograría aún aglutinar posiciones como para lograr los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de iniciativas que no cuentan con dictamen de todas las comisiones a las que fueron girados.
Por lo pronto y para evitar cualquier sorpresa, Cambiemos ya se aseguró la presencia de todos sus diputados para la sesión para bloquear cualquier intento de la oposición de poder conseguir los dos tercios, y espera que en las próximas semanas haya un acuerdo con los gobernadores para que el tema tarifario no se discuta en el Congreso.
La necesidad de un acuerdo con los mandatarios se debe a que el oficialismo tiene 30 días (según se dispone en el reglamento en la Cámara) desde que se reclama que se trate un proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sin embargo, en forma paralela, voceros de Cambiemos, dejaron trascender que el macrista Luciano Laspina y Alicia Terada, de la Coalición Cívica, convocarían para la próximas semanas a las comisiones de Presupuesto y de Peticiones, respectivamente, «para demostrar que el oficialismo no le escapa a los debates».
Durante el debate, Laspina advirtió a la oposición que «debe definir cómo se financiarán estos proyectos» tendientes a retrotraer las tarifas a diciembre y reducir el IVA que se aplican a los servicios públicos y anticipó que pedirá al área técnica del cuerpo en materia presupuestaria «un dictamen para determinar el costo fiscal» de esas iniciativas.
Al exponer en el primer tramo de la sesión especial de la Cámara de Diputados, Laspina desafió a los autores de los proyectos de la oposición que buscan frenar los aumentos tarifarios a decir de qué manera se financiaría la quita: «Tenemos que saber cuál es el costo fiscal de estos proyectos impulsados por aquellos que nos metieron en este problema», disparó.
Además, luego de fundamentar por qué aún no convocó a la comisión que preside para el tratamiento de esas iniciativas, Laspina adelantó que enviará «a la Oficina de Presupuesto» de la Cámara de Diputados el predictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor firmado ayer para «determinar el costo fiscal», de la iniciativa.
Por otro lado, en su exposición en el recinto, Laspina afirmó que, «como un cuerpo responsable, debemos esperar el dictamen de la oficina del Congreso que todos hemos votado, para que nos digan, sin demagogia, cuánto es el costo fiscal y cómo la oposición lo quiere financiar».
Por su parte, el diputado nacional José Cano (Cambiemos-Tucumán) consideró que «el costo de los servicios tiene que estar ajustado a la capacidad de pago de la gente» y denunció que «los entes reguladores» de la electricidad de las provincias «normalmente son cajas políticas» integradas por representantes de los distintos oficialismos.
Cano definió en declaraciones a la prensa que «el costo de los servicios tiene que estar ajustado a la capacidad de pago de la gente», al opinar sobre el debate que se generó alrededor del aumento de tarifas.
«Estamos estudiando profundamente la manera en que se facturan los servicios de energía eléctrica. Los entes reguladores de las provincias normalmente son cajas políticas y quienes forman parte de esos entes no son independientes, vienen de la matriz del oficialismo que gobierna», aseguró Cano.
