Hace unos días, el ministro de Justicia, Germán Garavano , presentó un anteproyecto de reforma del Consejo de Magistratura de la Nación.
El borrador fue consensuado por el diputado Pablo Tonelli (Pro), el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, entre otros referentes. No obstante, antes de salir de la Presidencia para el Congreso, la iniciativa ya cuenta con observaciones que impedirían su aprobación. El eterno punto de quiebre: la integración del organismo, el problema crucial por el tema de la representación de los distintos estamentos.
La composición del órgano encargado de nombrar y destituir jueces siempre fue objeto de debate. Si bien la Constitución exige un equilibrio de los sectores que conforman el Consejo-político, judicial y de los abogados-, no está determinado explícitamente qué implica un equilibrio.
Sin embargo, cada vez que se modificó la integración del organismo, la balanza se inclinó a favor de los representantes del poder político y atentó contra uno de los objetivos principales del órgano: la despolitización.
Inclusive, la integración vigente (ley 26.080) fue considerada inconstitucional hace ya casi dos años por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Hoy el trámite se encuentra en suspenso a la espera del nuevo proyecto.
Hoy, el Consejo se encuentra integrado por 13 miembros: 3 jueces, 2 abogados, 6 legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y otro del ámbito científico y académico. De este modo hay un estamento político-partidario integrado por 7 miembros (los legisladores y el representante del Gobierno) contra una participación judicial de 3 y otro para los abogados de 2.
Por su parte, la iniciativa del Ministerio de Justicia propone elevar la cantidad de consejeros de 13 a 16. A la integración actual se sumarían 2 abogados y un juez. Así, el Consejo estaría integrado por un estamento político-partidario de 7 miembros contra uno judicial de 4 y otro de los abogados de 4.
La iniciativa, según el Ministerio de Justicia, tiene como objetivo lograr un pleno equilibrio entre los distintos estamentos que integran el Consejo. Pero especialistas consultados por LA NACION manifestaron que en el borrador, si bien hay un espíritu reparador para la representación no política, persiste el desequilibrio
Además, señalan, habría una sobrerrepresentación de la Capital Federal. «No se entiende por qué se decidió avanzar con un proyecto que cuenta con vicios de entrada», apuntó un especialista.
Quienes integraron la mesa de debate defienden el anteproyecto, lo definen como «superador» y afirman que logra el equilibrio deseado.
En diálogo con LA NACION, Jorge Rizzo sostuvo: «El mayor avance del proyecto es el equilibrio estamentario. El Consejo se había convertido en un organismo absolutamente político. Así, se formaban bloques oficialistas y opositores y los jueces y abogados no tenían más remedio que colarse de un lado o del otro».
«El principal propósito del proyecto es lograr un equilibrio en la composición del Consejo que hoy en día no existe. Un equilibrio que no sólo exige la Constitución sino que también lo han exigido fallos judiciales», dijo Pablo Tonelli (Pro).
El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que también fue parte del debate, expresó: «Como línea general creo que es muy importante que el Congreso sancione una nueva ley que sea mejor que la actual y que la anterior. Creo que en esa línea el proyecto es superador».
«Siempre me parece un exceso la representación que se le asigna al Congreso en el Consejo. No hay razón para que tengan un número tan elevado. La Constitución exige una cuota de equilibrio entre los tres estamentos. Acá se le está dando nuevamente una suerte de preeminencia al estamento político. Hay desequilibrio y quienes pierden son los ciudadanos», dijo a LA NACION Gregorio Badeni, abogado constitucionalista.
Ahora bien, al desequilibrio estamentario por primera vez se le sumaría una suerte de «sobrerrepresentación» de la Capital Federal. Tanto en el estamento judicial como de los abogados, según la letra del anteproyecto, se exige la presencia de miembros de esa jurisdicción. Ante la consulta, Rizzo señaló: «El 80% de los juzgados federales están en la Capital Federal».
En tanto, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) señaló en un comunicado: «El anteproyecto adolece de graves deficiencias de orden constitucional, al conferir una inadmisible preponderancia en su integración a ciertos sectores de la Justicia y Abogacía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en desmedro de las representaciones provinciales de abogados y jueces radicados en las provincias argentinas».
«Celebramos que se esté analizando la reforma pero no entendemos por qué se tomó este proyecto que no fue consensuado por todos. Se está trabajando dando preeminencia a determinados sectores, por ejemplo, en el caso del estamento abogadil los cuatro abogados consejeros podrían llegar a ser de la ciudad de Buenos Aires «, dijo a LA NACION Eduardo Massot, presidente de la FACA.
