Romina González tiene 25 años y una larga historia ligada a El Molino, un barrio precario de Punta Lara donde actualmente vive. De ahí era su familia y ahí se crió. Y aunque en algún momento de mayor bonanza económica sus padres pudieron mudarse a otro barrio más cercano al centro, cuando ella se independizó volvió a El Molino, donde ahora coordina un comedor en el que la demanda de comida es creciente. “Abrimos hace un año y medio y entonces venían 10 chicos del barrio a tomar la copa de leche. Hoy vienen 45 en promedio y, a veces, los fines de semana, cuando no hay escuela, hasta 100”, dice Romina. Después describe algunas de las carencias más preocupantes del barrio, que se suman a la alimentaria. La primera, la del trabajo. En El Molino, como en muchos de los asentamientos de las periferias del Gran La Plata, el empleo fijo estable y en blanco es algo prácticamente desconocido. “Muchos cobran beneficios como la Asignación Universal por Hijo y algún plan. Pero eso no alcanza a cubrir ni la mitad de un sueldo mínimo”, dice Romina. Un motor de los ingresos lo representan las changas. Pero en un momento económico signado por la caída del poder adquisitivo de la clase media, principal proveedora de ese recurso, se trata de una opción en crisis: “trabajos de albañilería, refacciones o pintura apenas salen. Con suerte en esta época te empiezan a llamar para cortar el pasto. Pero si antes por ese trabajo te pagaban 200 pesos, ahora te ofrecen 150”, dice Lucas, el marido de Romina.
Gabriela Rambado llegó a El Molino después de recorrer un largo camino que empezó en Limpio, Paraguay. Cuenta que desde allí cruzó la frontera buscando un futuro mejor en Formosa. Una vez allí enfrentó un problema nuevo, el de la violencia doméstica y tratando de dejarlo atrás llegó al Gran La Plata, donde hoy coordina un comedor donde empezaron comiendo 13 chicos y hoy lo hacen alrededor de 100. “Le pusimos de nombre al comedor Fronteras Unidas, porque las familias que comen acá llegaron desde los más diversos rincones: algunas son familias empobrecidas de la zona, otras vinieron del conurbano, del interior del país, o de países limítrofes”, cuenta.
Carencias similares a las que describen Romina y Gabriela se repiten en un creciente número de barrios precarios de la periferia platense donde actualmente viven más de 132.000 personas, casi el 15% de la población total del Gran La Plata. Esos barrios convierten al Gran La Plata en la zona con más asentamientos de la provicia de Buenos Aires.
Los datos surgen de un estudio realizado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata del que se desprende a su vez que 11.400 de esas personas son chicos de hasta 4 años y que en el 25% de ellos se verifica algún grado de desnutrición.
Al analizar la situación de muchos de estos barrios, el trabajo indica que “el medio ambiente no garantiza las condiciones necesarias para la vida del recién nacido: servicios básicos, alimentación correcta y desarrollo cognitivo y emocional” y agrega que “este contexto hostil lesiona el organismo del niño y genera un efecto irreparable que será sobrellevado durante toda la vida del niño”.
Los autores del estudio consideraron una serie de variables para medir la vulnerabilidad de los barrios, entre ellas el acceso a servicios, la seguridad, el acceso a la salud. Y determinaron que las situaciones más críticas se detectaron en asentamientos y villas ubicados mayoritariamente en la zona sur y oeste de la periferia platense, donde la precariedad contribuye a la complejización de la pobreza.
Una pobreza que se colocó en el centro de la atención pública la última semana, cuando se produjo un amplio debate político y económico en torno a la emergencia alimentaria, que obtuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados dio y se envió para ser tratada al Senado.
El proyecto consensuado por los bloques opositores para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.
integración
El trabajo del Observatorio Económico y Social de la Universidad Católica de La Plata se basa en un relevamiento de 16 4 asentamientos en la Plata Berisso y Ensenada hecho durante 2018, e indica que el 60% de los conglomerados relevados requiere un alto grado de integración con la Ciudad.
Los autores del estudio pusieron el acento, en sus conclusiones, en la naturaleza multidimensional de la pobreza que, en distinto grado, se manifiesta en esos espacios.
En ese sentido, indican que la dimensión económica es sólo una de las formas en las que esa pobreza se expresa. Otras, que aparecen en la vida cotidiana de los asentamientos y barrios precarios tiene que ver con las dificultades en el acceso a la saludo la educación , la convivencia diaria con situaciones de inseguridad, o el estar expuesto a focos de contaminación o enfermedades que contribuyen al deterioro de la calidad de vida, sobre todo en la infancia.
A partir de esas y otras variables elaboraron un mapa que propone una “semaforización” del problema, a partir de la cual aparecen en color rojo aquellos asentamientos en los que la situación es más crítica , en amarillo los que le siguen y en verde los que registran menos problemas.
Los autores del trabajo relevaron los distintos asentamientos y encontraron una situación profundamente deficitaria en materia de servicios en muchos de ellos.
Así, determinaron que en el 80% de los asentamientos que fueron relevados no hay conexión a la red cloacal y que el 70% no dispone de conexión a la red de gas.
También detectaron que el 20% carece de conexión formal a la red de energía eléctrica y el 50% a la red de agua, lo que redunda en problemas tanto en los propios asentamientos como en los barrios vecinos.
Al mismo tiempo detectaron que la mitad de aquellos que disponen de alguna conexión a la red de agua corriente carecen de tanque de agua, lo que les impide tener descarga en el baño y afecta a la higiene de la casa.
El informe también destaca que los asentamientos se ubican en su mayoría en áreas que se caracterizan por correr alto riesgo de inundación.
