El Constitucional afronta la renovación del pleno que decidirá sobre Cataluña

El Tribunal Constitucional termina el año con una renovación pendiente que afecta a cuatro de los 12 magistrados que lo componen. Entre ellos, el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y la vicepresidenta, Adela Asúa, que ya han cumplido el plazo máximo que pueden permanecer los magistrados en el alto tribunal, por lo que a la tarea de cubrir las cuatro vacantes se suma la de elegir a los dos máximos responsables. El tribunal que salga de esta renovación tendrá como principal reto mantener la unanimidad lograda hasta ahora en la respuesta jurídica al desafío independentista catalán. El alto tribunal tiene que decidir, entre otros asuntos, sobre la constitucionalidad del referéndum unilateral que prevé convocar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de finales de septiembre de 2017.

Lo habitual es que el presidente del Tribunal Constitucional sea elegido entre los magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato. Hay cuatro en esta situación: Andrés Ollero, Encarnación Roca, Juan José González Rivas y Fernando Valdés. Este último, claramente adscrito al sector progresista y minoritario del tribunal, es el que cuenta con menos opciones. De entre los otros tres, el favorito del Gobierno es el catedrático de filosofía del derecho Andrés Ollero, pero tiene en su contra que ha sido durante 17 años diputado del PP, lo que ya levantó críticas cuando fue elegido en 2012 magistrado del Constitucional. Esta polémica se repitió cuando trascendió que el actual presidente fue militante popular varios años. ERC presentó una propuesta para prohibir que los magistrados del Constitucional puedan militar en un partido o sindicato durante el ejercicio de su cargo, pero se rechazó con los votos del PP y el PSOE.

Aunque ninguna norma impide que alguien que ha sido diputado de un partido presida el tribunal, fuentes socialistas ven “imposible” que haya acuerdo para que Ollero logre el puesto. Si no cuaja la opción preferida del PP, los populares pueden proponer a Juan José González Rivas, exmagistrado de la sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo y que como magistrado del Constitucional fue uno de los que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual. El nombre de la catalana Encarnación Roca, que en su día fue elegida magistrada a propuesta del Parlament con el visto bueno de CiU, es el favorito para ocupar la vicepresidencia. Sin embargo, no es descartable que si no hay acuerdo para la presidencia en torno a los otros nombres, el Gobierno acabara aceptando el de Roca, que aunque es considerada de tendencia más progresista que Ollero y González Rivas, se ha alineado con el sector mayoritario en muchas de las decisiones claves del tribunal. Fuentes consultadas señalan que la elección de Roca podría tener además a su favor que reforzaría el mensaje de voluntad de entendimiento del Gobierno hacia Cataluña y contribuiría a cambiar la imagen de tribunal poco sensible con el conflicto catalán que tiene ahora el Constitucional.

Muy lejos de la paridad

En la actual composición del Tribunal Constitucional solo hay dos mujeres del total de 12 magistrados que componen el pleno: la vicepresidenta, Adela Asúa, y Encarnación Roca. Una cifra que, a pesar de ser exigua, es la más alta que ha tenido este tribunal, que durante muchos años no ha tenido a ninguna mujer entre sus miembros. Asúa está entre los magistrados que ahora deben abandonar el pleno, por lo que si el Senado no elige a ninguna mujer entre los sustitutos, la presencia femenina se quedará reducida a una sola magistrada.

La Red Feminista de Derecho Constitucional y la Asociación de Mujeres Juezas de España han iniciado sendas campañas para exigir un tribunal con representación equilibrada entre hombres y mujeres. Para lograr este objetivo, ambas entidades piden a los Parlamentos autónomos que en las propuestas que eleven al Senado solo haya mujeres y exigen a la Cámara alta que solo proponga para ocupar las vacantes a cuatro magistradas. Si esto ocurriera, el pleno Constitucional estaría formado por siete hombres y cinco mujeres, con lo que se habría cumplido el porcentaje 40% / 60% que marca el principio de presencia equilibrada que recoge la Ley de Igualdad. “En un Estado compuesto por hombres y mujeres en similares proporciones y dotado de una Constitución que ha de aplicarse a hombres y mujeres, no es comprensible que el órgano encargado en última instancia de velar por su vigencia esté compuesto exclusiva o mayoritariamente por hombres”, advierte la red Feminista de Derecho Constitucional en un comunicado ha hecho público ante la renovación del alto tribunal.

La elección del presidente y del vicepresidente corresponde al pleno del tribunal en votación secreta. En la primera votación se requiere mayoría absoluta. Si nadie la obtiene, se vuelve a votar y resultará elegido quien obtenga más votos. En caso de empate tras una tercera votación, será propuesto el magistrado de mayor antigüedad en el cargo y, en el caso de igualdad, el de mayor edad. Pero antes de elegir al presidente, el pleno del Constitucional tiene que renovarse con cuatro nuevos magistrados para cubrir las vacantes de Francisco José Hernando (que falleció en diciembre de 2013 y fue sustituido en marzo de 2014 por Ricardo Enríquez), Luis Ignacio Ortega (fallecido en 2015 y que no ha sido sustituido), el presidente Pérez de los Cobos y la vicepresidenta Asúa. En el caso de Enríquez tendría posibilidades de seguir en el tribunal si este se renueva antes de marzo de 2017, ya que fue elegido en marzo de 2014 y la ley le permite continuar si la renovación se produce antes de que hayan transcurrido tres años desde su designación.

Las cuatro vacantes corresponden a magistrados elegidos por el Senado por lo que es la Cámara alta la que debe nombrar a sus sucesores a propuesta de las Comunidades Autónomas. Estas tienen de plazo hasta el 13 de enero para remitir sus candidaturas, dos nombres como máximo por comunidad. Hasta el viernes, Navarra era la única que había enviado al Senado una propuesta para ocupar una de las plazas que quedan libre. Se trata de Manuel Pulido, que trabaja en los servicios jurídicos del Parlamento Navarro y fue letrado del Constitucional. Su candidatura fue propuesta por UPN y salió adelante con 20 votos a favor y 24 en blanco.

El resto de comunidades aún no han remitido sus nombres. Por ahora, no parece que haya movimientos del PP ni del PSOE para presentar a un mismo candidato en las comunidades en las que gobiernan, algo que sí ha ocurrido en otras ocasiones. La pérdida de mayorías amplias de PP y PSOE en los Parlamentos autónomos dificulta este tipo de maniobras, pero fuentes consultadas no descartan que en las tres semanas que quedan para que las Comunidades se pronuncien pueda producirse alguna. Por ejemplo, algunas fuentes citan el nombre del vocal del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán como posible candidato a propuesta de comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Castilla-León. El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, es también señalado como uno de los magistrados que podría proponer algún Parlamento, entre ellos el de Extremadura, comunidad en la que Juanes ha estado muy ligado profesionalmente.

Por parte de Andalucía, algunas fuentes citan como posibles candidatos al catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena y a Juan Carlos Campos, que ya fue propuesto por esta comunidad en anteriores ocasiones pero cuya elección se antoja ahora aún más difícil de consensuar porque Campos es diputado del Grupo Socialista del Congreso. Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja podría ser el candidato por esa comunidad; el vocal del Poder Judicial Rafael Fernández Valverde, por Canarias; y el magistrado Félix Azón, por Aragón. Este último, fue también uno de los dos nombres propuestos por el PSC como candidato del Parlament, pero Junts pel Sí (la coalición soberanista de ERC y la antigua Convergència) y la CUP, han decidido finalmente que Cataluña no enviará propuestas para renovar el Constitucional al considerarlo “deslegitimado”.

Serán los grupos parlamentarios del Senado que avalan las candidaturas los que manifiesten, a través de un currículo, la idoneidad del candidato para el cargo. Este trámite se realiza ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara. “Si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos”, señala la norma que regula los nombramientos. La propuesta definitiva con cuatro nombres va al Pleno y necesita el apoyo de tres quintos de la Cámara para salir adelante, lo que obliga al grupo popular, que suma 151 senadores de los 266 de la Cámara, a pactar los nombres.

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