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El Gobierno de España pide al Constitucional que 'empapele' a la presidenta del parlament de Cataluña

Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado este 29 de julio de 2016 que el Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional que analice si la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidades penales por incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación de la resolución que autoriza debatir sobre la «desconexión» de Cataluña.

Esta petición se enmarca dentro del incidente de ejecución que el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que presente ante el Tribunal Constitucional por la resolución aprobada esta semana por el Parlament, que pide que sea declarada nula y suspendida de forma «inmediata».

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno  ha explicado que la actuación del Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución y que el TC deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por su parte, ha telefoneado este viernes a los líderes de los principales partidos políticos Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) para explicarles personalmente los últimos pasos que ha adoptado el Gobierno para frenar el desafío soberanista del Gobierno catalán, según han informado fuentes de estas formaciones.

No basta con la nulidad

El Gobierno ha advertido al Tribunal Constitucional de que la decisión del Parlamento y del Gobierno de Cataluña de incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación del inicio de la «desconexión» con el Estado no puede saldarse, en este caso, «con una mera declaración de nulidad» del texto.

«En esta ocasión, las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada», dice la Abogacía del Estado en su incidente de ejecución registrado este viernes ante el TC, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ejecutivo considera «preciso» para salvaguardar la autoridad del tribunal y el Estado de Derecho, que se advierta formal y personalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Gobierno y a la presidenta del Parlament, la Mesa y su secretario de que si incumplen lo dispuesto por el TC pueden enfrentarse a la apertura un proceso penal.

El escrito de la Abogacía califica la resolución como «un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento» a la Constitución y avisa de que tanto el Parlamento catalán como la Generalitat constituyen «instancias «llamadas a poner en marcha el proceso secesionista».

El apoyo de Puigdemont

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mostrado su «apoyo y complicidad» a Forcadell en un apunte en Twitter donde ha señalado que «la democracia en Cataluña no está en funciones». La propia Forcadell ha considerado que «sería profundamente antidemocrático» ser inhabilitada, y ha asegurado que no incurrió en ningún delito sino que cumplió con su obligación y con el reglamento de la cámara catalana.

El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, también ha expresado todo su «apoyo» a la presidenta Forcadell. «La democracia está por encima de todo y desde el Govern velaremos para que así sea. Todo nuestro apoyo a Carme Forcadell», ha expuesto en un apunte en Twitter tras conocerse la petición del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En un comunicado, el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha advertido al Estado de que ninguna decisión del TC o del Gobierno frenará el proceso soberanista: «No tenemos miedo y apoyamos a nuestros representantes».

El Constitucional decidirá el lunes

El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá el lunes 1 de agosto a las 12.30 horas para decidir qué medidas adopta para garantizar el cumplimiento de la sentencia en la que declaró inconstitucional y nulo el denominado «proceso de desconexión» aprobado por el Parlamento catalán.

Fuentes del tribunal han informado de la inmediata reunión de su Pleno después de que la Abogacía del Estado haya presentado hoy el incidente de ejecución de sentencia en el que solicita a ese órgano la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por un posible delito de desobediencia.

El Constitucional ya apercibió el pasado 19 de julio a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa, contra «la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del Estado catalán independiente».

El lunes, los magistrados del Constitucional decidirán qué medidas toman ante ese nuevo desafío y si, como ha pedido el Gobierno, abren la vía penal contra la presidenta del Parlament, además de declarar nula y sin efecto jurídico alguna la declaración de la cámara.