El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3%, de supuesta financiación ilegal de CDC, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investigue al exconseller de Justicia y ahora diputado de JxSí en el Parlament, Germà Gordó.
Según ha informado el TSJC este miércoles en un comunicado, la Sala Civil y Penal de este tribunal ha recibido ya una exposición razonada y documentación del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, que le pide «someter a consideración» si debe investigarlo.
La condición de diputado de Parlament y, por tanto, de aforado, implica que el TSJC sea el tribunal competente para abrir diligencias, algo que deberá decidir el magistrado del TSJC designado, Enric Anglada.
En el caso 3% (de supuestos cobros de comisiones de CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde instituciones que controlaban) están siendo investigados los extesoreros convergentes Daniel Osàcar –también encausado en el caso Palau– y Andreu Viloca, además de varios empresarios.
Un escrito de hace unos meses de la Fiscalía Anticorrupción veía acreditado que Gordó (también exsecretario del Govern de Artur Mas) era «el conseguidor o el recaudador» de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC.
Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda no veían «explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones» que Gordó mantuvo con empresarios, algunas de ellas en la sede de CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
«Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública», concluía la Fiscalía en ese informe, que señalaba al ahora diputado como actor principal en las contrataciones.
En base a informes de la Guardia Civil, la Fiscalía enumeraba cinco casos en que Gordó pudo actuar «decisivamente»: obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries de la capital catalana y en un instituto en Manresa (Barcelona).
Todo ello figuraba en un escrito con el que la Fiscalía pidió abrirle una investigación, aunque en esa ocasión el tribunal lo rechazó por falta de concreción en las pruebas.
