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El Parlament valida medidas económicas, sociales y sanitarias complementarias por el coronavirus

   La oposición reprocha a Aragonès «falta diálogo y negociación»

   BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) –

   El Parlament ha validado este miércoles tres decretos ley con nuevas medidas urgentes y complementarias en materia económica, social y sanitaria para afrontar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus gracias a los 65 votos favorables de JxCat y ERC, y 69 abstenciones del resto de grupos.

   En un nuevo pleno reducido y telemático, el vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que el primer decreto es sobre medidas de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad; el segundo, sobre el sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya, y el último, sobre medidas en materia social y sanitaria.

   Entre las medidas que impulsan, figura un plan de choque para el empleo, dotado con 59 millones de euros, para apoyar a los trabajadores y colectivos más vulnerables, a los autónomos y a pymes, que prevén que beneficie a 1.500 empresas y 4.300 personas.

   Otro de los aspectos de los decretos ley prevé, en forma de prestación única, paliar el «perjuicio económico» que han sufrido las empresas que prestaban servicios de comedor en las escuelas y las asociaciones de padres que hacían la contratación.

   Con el decreto ley sobre servicios sociales se facultará a la Conselleria de Salud el acceso al censo de los pacientes que están en residencias con una norma con rango de ley, entre otros aspectos.

   «No es momento de austeridad, ni mucho menos de recortes. Es momento de un gran programa de inversión pública sin precedentes. No tenemos que cometer los errores de la anterior crisis», ha advertido Aragonès, que ha pedido a todas las fuerzas remar en el mismo sentido para salir adelante.

   El diputado de Cs José María Cano ha lamentado que estas medidas se hayan impulsado «sin contar con los grupos de la oposición y sin ningún debate previo», y ha pedido a Aragonès que prediquen con el ejemplo cuando reclaman diálogo al Gobierno central.

   El mismo reproche ha lanzado la diputada del PSC Alícia Romero, que ha invitado al vicepresidente del Govern a levantar el teléfono para negociar con ellos las medidas que lleva al Parlament, algo que espera que también haga cuando aborden la modificación de los Presupuestos de este año para afrontar las consecuencias de la pandemia.

«DECRETOS COMO CHURROS»

   Desde CatECP, el diputado David Cid ha acusado al Govern de hacer decretos «como churros –un total de 13–, inconexos, sin diálogo ni negociación», y cree que están atrapados en las diferencias que hay entre JxCat y ERC, y ha pedido que se abran a una negociación política con los grupos y los agentes sociales para abordar la crisis.

   Aunque el diputado del PP Santi Rodríguez ha compartido las críticas de falta de diálogo, ha pedido a los socialistas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llame al principal líder de la oposición en el Congreso, Pablo Casado, y ha pedido prudencia a Aragonès porque la premisa de gastar y no recortar «sólo lleva a dejar de poder pagar las cosas».

SECTOR PÚBLICO

   El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha calificado de insuficientes las medidas que prevén estos decretos ley, y ha defendido la importancia de que el sector público juegue un papel activo en la reconstrucción social y económica de Catalunya para evitar un «sufrimiento desconocido en la realidad de los últimos 40 años».

   El republicano Alfons Montserrat ha defendido que los tres decretos ley muestran el espíritu con el que quieren afrontar la reconstrucción de Catalunya: «No es momento de un sector público tímido, es momento de impulso para estimular la economía y garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo».

   La diputada de JxCat Saloua Laouaji ha llamado a todas las administraciones a estar a la altura de la situación, pese a tener la «intuición» de que no será así, y ha asegurado que el Govern trabajará para garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, de las pymes y los autónomos.