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Familias de la escuela Turó del Drac llevan a los tribunales a Carrizosa (Cs), Roldán (PP) y Macián (Vox)

   Presentan demanda de conciliación por afirmar que la familia de Canet (Barcelona) fue acosada por pedir más castellano

   BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) –

   La Associació de Famílies d’Alumnes de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) ha interpuesto una demanda de conciliación previa a una querella contra los diputados en el Parlament Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldán (PP) y Sergio Macián (Vox) por presuntas calumnias e injurias.

   En un comunicado este jueves, ha explicado que la decisión responde a las «manifestaciones intolerables» de esos diputados en el pleno del Parlament del 15 de diciembre de 2021 alertando de un supuesto acoso y agresiones a la familia del centro que pidió más clases en castellano, después de lo que la justicia ordenó impartir un 25% de las clases en el idioma.

   «Estas declaraciones no se corresponden con el clima de buena convivencia que existe en nuestra escuela, ni con la actitud de las familias, que siempre hemos rechazado cualquier forma de señalamiento, intolerancia y falta de respeto», han subrayado las familias.

   Además, han lamentado que la escuela de Canet ha sido «objeto de criminalización por parte de algunos partidos políticos con la voluntad de construir un relato absolutamente falso sobre la situación lingüística» en las escuelas catalanas y su modelo.

   Todo ello –han asegurado– ha terminado fomentando una «verdadera situación de acoso y señalamiento público» hacia la comunidad, con pintadas con amenazas e insultos en redes sociales y medios de comunicación, han asegurado.

LES PIDEN RECTIFICAR

   La asociación de familias ha recordado que las escuelas deben ser espacios de protección de la infancia dentro de un modelo de convivencia: «Premisas básicas que, por desgracia, han ignorado las personas contra las que se dirige la demanda de conciliación».

   Por ello, han pedido a los diputados que rectifiquen y tomen medidas para prevenir que estos hechos se repitan, en un caso que la asociación se siente con la obligación de llevar a los tribunales «para exigir responsabilidad política».