Madrid
El Gobierno de España le dio al líder separatista de Cataluña cinco días para que aclare si su afirmación ambigua sobre la secesión es una declaración formal de independencia, y le advirtió el miércoles de que de la respuesta dependerá si aplica facultades constitucionales jamás utilizadas para reducir la autonomía de la región.
Después de que amenazó con invocar un artículo de la Constitución española para establecer el control sobre esa comunidad autónoma, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que la respuesta del titular de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, al ultimátum de Madrid será crucial para decidir «los acontecimientos de los próximos días».
Rajoy precisó que Puigdemont tiene hasta el lunes para responder al requerimiento acerca de si declaró la independencia. Y si informa que lo ha hecho, hasta el jueves 19 de octubre para rectificar, precisó.
En caso de que incumpla los plazos, o su respuesta no satisfaga al gobierno de Mariano Rajoy, este empezará a tomar medidas concretas bajo el artículo 155 de la Carta, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.
En su comparecencia ante el Congreso, Rajoy reiteró que no acepta mediaciones -«no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia»-, el día que Puigdemont, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN, reiteró su llamamiento al diálogo y la demanda de designación de un mediador.
Abogados catalanes, grupos de la sociedad civil y políticos de toda España han ofrecido sus servicios como mediadores entre las partes en pugna, pero Rajoy rechazó las propuestas. Puntualizó que rehúsa sostener un diálogo con un gobierno catalán desobediente.
El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, había dado previamente su apoyo a Rajoy y anunciado que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de «cómo Cataluña se queda en España y no de cómo se va».
Puigdemont anunció el martes que aprovechaba la victoria obtenida en el referendo prohibido del 1.° de octubre para proceder con la declaración de la independencia catalana, pero propuso congelar su puesta en marcha algunas semanas para permitir el diálogo y la mediación con el Gobierno en Madrid.
Al parecer, la ambigüedad de la postura de Puigdemont estuvo dirigida a sosegar a los separatistas más fervientes, pero también a generar apoyo -tanto en Cataluña como a nivel internacional- mediante la provocación de otra respuesta fuerte del gobierno de Rajoy.
El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial del 2008 y el recorte parcial en el 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.
El 1.° de octubre se celebró un referendo declarado inconstitucional en el que más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi en partes iguales en la sociedad catalana.
En lo que sí coinciden los catalanes -80% según los sondeos- es en pedir una votacion pactada sobre la autodeterminación.
El martes, en el Parlamento regional, el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, lo cual creó una gran confusión.
El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como «representantes de Cataluña» constituyen «la República catalana como Estado independiente y soberano».
El valor de este documento «es simbólico», aclaró este miércoles el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull.
Centralismo y autonomía. España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.
Este dice que, si una región «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (…), el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
La advertencia emitida el miércoles es el primer paso que necesita el gobierno central para invocar la aplicación del artículo y su aprobación en el Senado, en el cual el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta.
Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, donde no la tiene, este miércoles se oyeron reproches a su gestión de la crisis.
«Deje de romper España», le reprochó Pablo Iglesias, líder del partido de izquierda Podemos, que le reclamó diálogo con el gobierno catalán.
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La intervención de Puigdemont en el Parlament (cámara catalana) hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.
«Asumo, al presentarles los resultados del referendo ante todos ustedes, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente», afirmó, para decir, acto seguido: «Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración» para facilitar el diálogo.
Desde la consulta del 1.° de octubre, el Ejecutivo catalán ha recibido una fuerte presión tanto del gobierno español, como del empresariado, con el traslado de sede de numerosas.
Puertas adentro, los más radicales del arco parlamentario independentista (la formación de extrema izquierda CUP, cuyos 10 diputados regionales son vitales para el gobierno de Puigdemont) querían aprovechar este resultado para declarar unilateralmente la independencia.
