La Fiscalía está tratando de apuntalar su tesis sobre el delito de desobediencia que atribuye a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El ministerio público busca precedentes para demostrar que, a diferencia de Forcadell, otros presidentes de la cámara autónoma se negaron a tramitar una votación sobre el proceso independentista cuando tuvieron sobre su mesa informes de los servicios jurídicos que así lo aconsejaban.
Las diligencias solicitadas por la Fiscalía han sido aceptadas por Maria Eugènia Alegret, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye el caso. Alegret ha requerido al Parlament para que remita el informe de los servicios jurídicos, el acta y al acuerdo de la Mesa sobre tres mociones relacionadas con el proceso soberanista.
La primera de ellas (de julio de 2009) fue una iniciativa popular presentada por un grupo de ciudadanos que exigieron la celebración de un referéndum de independencia. El presidente de la Generalitat era entonces el socialista José Montilla y la Mesa decidió rechazar la tramitación al considerar que se trataba de una iniciativa “inconstitucional y antiestatutaria”, señala la Fiscalía, que se hace eco de una noticia publicada a propósito de esa decisión.
En el mismo sentido se pronunció el Parlament en julio de 2010 a propósito de la iniciativa del exdiputado de Solidaritat per la Independència (SI) Alfons López Tena. La fiscalía quiere examinar, de nuevo, el contenido del informe jurídico que precedió a esa decisión para saber si advertía de que no debía tramitarse la propuesta.
La tercera y última moción que quiere examinar la Fiscalía fue lanzada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en marzo de 2016, ya en el mandato de Carles Puigdemont y con Forcadell como presidenta del Parlament. La iniciativa de la CUP fue admitida aunque “con condiciones”, según la Fiscalía.
Forcadell está imputada por un delito de desobediencia por permitir que el Parlament debatiera y votara, el pasado 27 de julio, las conclusiones de un estudio sobre el llamado “proceso del constituyente”. La moción fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP. Forcadell permitió la votación pese a que el Tribunal Constitucional había vetado cualquier propuesta que ahondara en el proceso de desconexión con España. El informe de los servicios jurídicos le advertía ya de las consecuencias legales de esa decisión.
