La nueva consulta ilegal, como el 9-N pero con otra nomenclatura

A cada afirmación de alguno de los consejeros de la Generalitat de Cataluña, confirmando que el anunciado referéndum de autodeterminación unilateral se celebrará el 1 de octubre, la organización del 1-O va cogiendo forma de un nuevo 9-N.

Así, Meritxell Borràs y Raül Romeva, consejeros encargados de la compra de urnas y del hipotético voto de los ciudadanos en el extranjero, insistieron, ayer, en que la responsabilidad de la organización y ejecución de la consulta del 1 de octubre será exclusiva de los políticos. Así fue en el 9-N y, por ello, al desobedecer al Tribunal Constitucional, se condenó a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

Con esta reiteración, se hace evidente que la Generalitat no llevará a cabo un referéndum legal, con garantías democráticas, neutral y vinculante, pues no dispone de las herramientas. De entrada, será la Generalitat la que instruirá y controlará a los «agentes electorales», que serán voluntarios, y no dispondrá de un censo como el de las elecciones legales. En el 9-N se participó enseñando el DNI y se pudo hacer en cualquier punto destinado a ello.

Romeva, por su parte, explicó que se creará una comisión internacional de expertos que supervisará el operativo del uno de octubre. Una comisión formada por «juristas» y periodistas; a imagen y semejanza de lo que ocurrió el 9-N con varios políticos europeos de formaciones nacionalistas que el Diplocat -ente de la Generalitat para promocionar la secesión en el extranjero- paseó por Barcelona.

«Es un 9-N bis»

Con estos antecedentes, la líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, acusó directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de «mentir» y «manipular» a los ciudadanos porque, pese a que asegura que se celebrará un referéndum de secesión, la consulta del uno de octubre «si es con voluntarios, no es un referéndum. Es un 9-N bis».

«La Generalitat dice que ningún funcionario participa en una elecciones normales, pero ¿quién hace las cartas de convocatoria para las mesas electorales? ¿Quién hace el censo? ¿Quién hace el recuento? ¿Y los policías que garantizan la seguridad? ¿Quién abre los colegios?», añadió.

También advirtió la «irresponsabilidad» de Puigdemont el delegado del Gobierno, Enric Millo. Este acusó al presidente autonómico de «alimentar la ficción» al promover una «actividad ilegal» que, además, «sabe que no podrá celebrar».

Sobre la imposibilidad de celebrar el referéndum opinó ayer hasta el expresidente del PNV. Xabier Arzalluz aseguró en la cadena Ser que admiraba el tesón de los independentistas, pero matizó: «Tengo por cierto que lo que dice Rajoy, de que el referéndum no se va a celebrar, es verdad». De esta manera, a medida que se van conociendo detalles del uno de octubre todo indica que la Generalitat prepara un nuevo 9-N, eso sí, con otra nomenclatura.

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