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Los ‘irregulares’ en Cataluña pueden obtener la tarjeta sanitaria en la pandemia

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ONGs celebran que se acceda a la sanidad sin empadronarse pero lamentan que sea temporal

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Las personas en situación irregular en Cataluña pueden obtener por primera vez, a causa del estado de alarma por coronavirus, el Código de Identificación Personal (CIP) de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) sin necesidad de estar empadronados, han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Salud.

La Generalitat ha abierto, como indica la página web del Servei Català de Salut (CatSalut), este «sistema de acreditación extraordinaria» que se puede tramitar telemáticamente y que da acceso, entre otras cosas, a la atención sanitaria en hospitales y centros de atención primaria (CAP), y a las mascarillas gratuitas y medicinas subvencionadas en las farmacias.

Según han explicado a Europa Press expertos y ONGs, poder solicitar el CIP sin necesidad de padrón abre la puerta de la sanidad pública y los servicios sociales a personas que estaban generalmente excluidas del sistema, como inmigrantes sin papeles o personas sin hogar.

Hasta ahora las prestaciones del CatSalut sólo eran accesibles para las personas en situación irregular tras tres meses de empadronamiento en Cataluña, excepto embarazadas y menores, o en caso de urgencia o accidente grave.

El investigador del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) y experto en migraciones Francesco Pasetti, ha explicado que «la sanidad es un derecho garantizado formalmente, pero en la práctica el camino es más complicado, y mucha gente se queda fuera».

UNA MEDIDA TEMPORAL

La decisión, que responde a la imposibilidad de tramitarlo físicamente y a los problemas para empadronarse en el confinamiento, ha sido acogida con satisfacción por las entidades de atención a los migrantes consultadas por Europa Press, aunque han lamentado el carácter temporal de la medida.

La activista Roser Añó, de las plataformas Jo Sí Sanitat Universal y Papers i Drets per Tothom, ha dicho que «es un gran gesto que se haya abierto la tarjeta sanitaria telemática, ¿pero qué pasará con esta gente cuando acabe la pandemia?».

Y la representante de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), Anna Martínez, ha hablado en el mismo sentido: «Entendemos que cuando acabe el estado de alarma los solicitantes de la tarjeta deberán acreditar que están empadronados y volveremos al mismo problema».

EL PROBLEMA DEL PADRÓN

Acceder al padrón –y por tanto, a la tarjeta sanitaria– resulta, según Francesco Pasetti (Cidob), muy difícil para las personas en situación irregular a causa de la heterogeneidad de criterios de las autonomías –que tienen la competencia de salud–, los municipios –encargados de empadronar– o los mismos CAP.

«También existen múltiples barreras administrativas, idiomáticas e, incluso, miedo a empadronarse», según el experto, y ha explicado que, sin este trámite, las ayudas nunca llegan a los migrantes irregulares.

Anna Martínez (Pasucat) ha asegurado que, «aunque desde el 2015, e incluso desde el 1997, todo el que viva en un municipio debe poder empadronarse, muchos ayuntamientos lo bloquean», ya que la ley exige un arraigo a los solicitantes que da lugar a muchas interpretaciones.

Por eso, Martínez ha lamentado especialmente la paralización del nuevo reglamento de la ley de universalización de la asistencia sanitaria en Catalunya, que ha quedado pendiente a causa de la epidemia del coronavirus y que las entidades confían que defina mejor el arraigo y proteja a los ‘irregulares’.

Mientras tanto, ha explicado Roser Añó, muchos municipios impiden que personas que viven en la calle, en infraviviendas e, incluso, realquiladas en un piso, puedan acceder al padrón; aunque otras ciudades como Barcelona permiten el empadronamiento sin domicilio fijo.

VULNERABLES

Según Franceso Pasetti, «en condiciones normales, los ‘irregulares’ ya son el colectivo más vulnerable de la sociedad; pero esta situación se ha agravado con la epidemia del coronavirus» por culpa de la destrucción de empleos ocupados por migrantes, o el bloqueo de peticiones de asilo.

«Antes de la epidemia ya había 100.000 solicitudes de asilo pendientes en España, con un 5% de aceptación; si el sistema ya estaba colapsado entonces, ahora más», y ha recordado que los permisos de residencia pueden caducar si se pierde el empleo.