Puigdemont acelera entre la inquietud de funcionarios y algunos consellers

El presidente de la Generalitat acelera los preparativos para la celebración del referéndum y, con ellos, se evidencian las dificultades para llevarlo a cabo. Los funcionarios de la Generalitat ya han mostrado su incomodidad con la situación, hasta el punto de negarse a formar parte de la mesa de contratación de las urnas, lo que ha obligado al Govern a recurrir a altos cargos de confianza política, tal y como adelantó ayer La Vanguardia.

Y algunos consellers muestran su inquietud ante el próximo paso: el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum la próxima semana después de un Consell Exe­cutiu, lo que puede llevarles a todos a ser objeto de una querella de la Fiscalía.

Los gobiernos de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se desgañitan intentando desacreditar al contrario, pero lo cierto es que ni el de la Generalitat tiene claro si será capaz de celebrar el referéndum ni el Ejecutivo central sabe muy bien hasta dónde tendrá que llegar para impedirlo. Pero es al primero al que le toca mover ficha antes, y ya ha empezado a topar con las primeras dificultades prácticas.

Los consellers temen que serán objeto de querella en cuanto se anuncie la fecha y la pregunta

Fuentes del Govern se muestran escépticas sobre las opciones de llegar a septiembre ante el asfixiante acoso judicial al que se ven sometidos a instancias del Ejecutivo del PP. Ese hostigamiento tiene por objeto impedir que se pueda organizar el referéndum en condiciones. Si es posible, que ni siquiera se llegue a convocar. Y la presión ha comenzado a surtir efecto entre los funcionarios.

La querella de la Fiscalía contra la consellera de Governació y el secretario general de su departamento por publicar el acuerdo marco para comprar urnas ha puesto en alerta a los funcionarios. A ello se ha añadido la investigación del Tribunal de Cuentas sobre los organizadores del 9-N, con Artur Mas a la cabeza y tres de sus consellers que, de prosperar, podría suponerles una reclamación de cinco millones a la que tendrían que hacer frente con su patrimonio personal.

De momento, el Govern ha encontrado a altos cargos dispuestos a jugársela, pero entre ellos también cunde la preocupación, incluso aunque figuren entre quienes firmaron el compromiso con el referéndum en un acto público en el Palau de la Generalitat. Los consellers también están inquietos por lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Está previsto que a finales de la semana entrante tenga lugar un Consell Executiu que debatirá sobre la fecha y la pregunta del referéndum, que se anunciará en un acto posterior al que se pretende dar solemnidad.

Esta fórmula busca eludir la actuación de la Fiscalía contra todos los miembros del Govern, puesto que el Consell Executiu no tomará ninguna decisión oficial, pero vistos los precedentes, los consellers se temen que serán objeto de inmediata querella. Y no hay que olvidar que entre ellos hay algunos que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la Generalitat y a la alcaldía de Barcelona.

Los exconvergentes sopesan resucitar la petición de una comisión parlamentaria

En el Govern ya son mayoría quienes admiten en privado que será imposible organizar el referéndum con garantías que se prometió y que, si se consigue celebrar, se parecerá bastante más a una repetición del 9-N, lo que ya serviría a los intereses del bloque independentista si la participación superara la del 2014. Algunos opinan que el Govern tendrá que “externalizar” su organización a entidades para eludir la acción judicial.

El president Puigdemont, sin embargo, trata de infundir confianza en la consulta. Se han convocado ya reuniones con ayuntamientos de la Associació de Municipis Independentistes (AMI) para buscar dónde y cómo colocar las urnas. Y en los próximos días se pretende aprobar en comisión el cambio de reglamento del Parlament para permitir que se pueda dar luz verde a la llamada “ley de desconexión” por la vía de urgencia, sin apenas debate en la Cámara.

Mientras, en la Moncloa tienen previsto responder por la vía judicial a cada paso que dé el Govern. La vicepresidenta continuará muy presente en Catalunya con contactos dirigidos a tratar de convencer a la sociedad civil. Pero Soraya Sáenz de Santamaría ha enfriado de manera ostensible su relación con los exconvergentes e incluso con la ERC de Oriol Junqueras. La vicepresidenta asegura que tiene todo previsto para frenar el referéndum. Pero en la Moncloa también son conscientes de que sería nefasto para su imagen que se reprimiera una movilización popular alrededor de la colocación de las urnas.

En lo único en que ambas partes parecen estar de acuerdo es en la imposibilidad, a estas alturas, de retroceder, lo que impide una solución dialogada. En cambio, en el Congreso de los Diputados empiezan a producirse movimientos, aunque sus protagonistas admitan que tienen muy difícil fructificar hasta que se resuelva el llamado choque de trenes. El socialista Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa de contactar con los diputados de la ex-Convergència en Madrid para proponerles resucitar una comisión parlamentaria en la que abordar el conflicto catalán. De hecho, es algo que el PDECat tiene sobre la mesa para intentarlo de nuevo antes de final de mes, puesto que figura en el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones generales.

Hace justo un año, el entonces cabeza de lista de Convergència al Congreso, Francesc Homs, propuso crear una comisión “específica sobre la cuestión catalana” en la que hacer un “diagnóstico sobre lo ocurrido en los últimos diez años” y plantear “propuestas sobre cómo articular la posibilidad de votar” en un referéndum. El PP, el PSOE y Ciudadanos lo rechazaron.

Aunque Sánchez es contrario a un referéndum de independencia, sí quiere tomar la iniciativa en esta cuestión. Por eso ha criticado varias veces desde su elección la “desidia” de Rajoy sobre Catalunya. Sin embargo, en el PDECat esperan que Sánchez aclare más su propuesta, ya que ni siquiera tienen claro si lo que se pretende es una comisión sobre Catalunya o sobre el modelo territorial en general.

El líder del PSOE está aconsejado en este asunto por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y por el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, a quien siempre se situó en el ala del socialismo vasco más partidaria del diálogo con el soberanismo. En el PSC hay pocas esperanzas, sin embargo, de que pueda intentarse ningún diálogo hasta el desenlace de la actual hoja de ruta del Govern. Así lo creen también los comunes.

Pese al intenso flirteo de Pablo Iglesias con Carles Puigdemont, el líder de Podemos sólo logrará una abstención de los exconvergentes a su moción de censura. Y el partido de Ada Colau se ha descolgado del referéndum unilateral. Los comunes sólo retornarán junto al Govern según la respuesta que dé Rajoy al intento de colocar las urnas, pero ya tienen la vista puesta en el postproceso. Para entonces, consideran que se formarán dos bloques, favorables y contrarios a un referéndum, pero ya sin calendario ni prisas.

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