¿Qué opciones tiene ahora el Govern para licitar las urnas?

El departamento de Governació no tiene demasiadas opciones para lograr las ansiadas urnas que requiere el referéndum anunciado para el 1 de octubre después de que haya dejado desierto en el concurso de licitación que se publicó en el DOGC en pasado 9 de mayo, al parecer por falta de “solvencia económica”, aunque el Govern no ha detallado las motivaciones concretas.

El Govern podría volver a comenzar el procedimiento y abrir un nuevo concurso, quizás rebajando los requisitos económicos o incluso cambiando otros aspectos del contrato que facilitaran su licitación. Sin embargo, eso podría retrasar de nuevo los plazos y el tiempo apremia.

Una idea derivada de esta primera opción sería volver a tramitar el expediente de forma urgente, fórmula que la ley de contratos públicos contempla en casos de “necesidad inaplazable” o “razones de interés público”. Todos los plazos del caso, en este caso, se reducen a la mitad. Sin embargo, el riesgo de que el concurso acabe con el mismo resultado aconsejaría a priori a la Generalitat a buscar otras vías.

Procedimiento negociado

No suele ser habitual que un concurso quede desierto pero puede ocurrir. Cuando sucede, y especialmente si se trata de una situación que requiere urgencia, como es el caso, la ley contempla como una vía corriente para la administración iniciar un procedimiento negociado, una fórmula que, por cierto, ha generado mucha polémica en los últimos tiempos porque, en la mayoría de casos, no requiere publicidad. Precisamente la UE exigió que se acabara con estas fórmulas y el Gobierno estaba dispuesto a revisarlo, después de que se haya detectado que tramas corruptas como la Gürtel lo utilizasen.

Este tipo de contractación implica por lo tanto una negociación directa con las empresas que aspiran al contrato. Según la ley, “la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos”.

Encaja

El procedimiento negociado se emplea cuando las ofertas no han sido adecuadas y cuando la ejecución del contrato es urgente

La propia norma establece que se aplicará este procedimiento cuando tras haberse seguido un procedimiento abierto –como ha sido en el caso de las urnas–, “no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas” y, además, cuando sea de “imperiosa urgencia” o la administración requiera de una “pronta ejecución del contrato”.

Este tipo de procedimiento no requiere publicidad salvo en algunos casos, entre ellos, que el concurso previo abierto haya recibido ofertas “irregulares o inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes de aptitud”, entre otras razones, o en casos de contratos “en los que, por razón de sus características o de los riesgos que entrañen, no pueda determinarse previamente el precio global”. Como en el caso que nos ocupa no se dan estas condiciones, el procedimiento se podría abrir sin necesidad de publicitarlo.

La consellera de Governació, departamento encargado de comprar las urnas para el 1-O, en una imagen reciente La consellera de Governació, departamento encargado de comprar las urnas para el 1-O, en una imagen reciente (Àlex Garcia)

Otro aspecto a tener en cuenta en ese procedimiento es que es necesario que se soliciten ofertas de al menos tres empresas con capacidad de ejecutar el contrato, aunque la ley añade que “siempre que sea necesario”.

Controversia

Este tipo de procedimiento no requiere publicidad salvo en algunos casos, por lo que ha sido muy polémica e incluso la UE ha pedido a España revisar este aspecto de la ley

Vía fraudulenta

Finalmente, podría parecer que existe una tercera opción: el uso de la vía de los contratos menores. Consistiría básicamente en fragmentar el contrato anterior en distintos menores, lo que supone un procedimiento irregular por parte de la administración.

Según la norma, un contrato menor es aquel cuyo valor en inferior a 18.000 euros en caso de suministros y sus normas son mucho más ágiles y sencillas, por lo que algunas administraciones caen en la tentación de fragmentar un objeto de contratación en varios con el fin de evitar la necesaria publicidad y control. La ley especifica con claridad que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

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