Rechaza la suspensión cautelar que pidió la Cámara de la Propiedad Urbana por un «hipotético interés general»
BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado Contencioso 16 de Barcelona ha rechazado suspender de forma cautelar las obras en las calles Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona para crear la supermanzana del Eixample como pidió en un recurso la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez descarta la petición de la Cámara para suspender los proyectos ejecutivos de reurbanización de estas calles, que pidió resolver de manera urgente ante la adjudicación de los 10 lotes en que se dividió la licitación de las obras.
La Cámara sostiene que las obras se han aprobado «con una evidente vulneración del procedimiento legalmente establecido» porque se tramitaron como obras ordinarias de reurbanización a pesar de la trascendencia e impacto urbanístico de los cambios que se prevén.
Además, reprocha que el consistorio no ha respetado los plazos estipulados para «agilizar al máximo» la ejecución de las obras, y justifica la necesidad de pararlas de manera cautelar dada su irreversibilidad: es decir, argumenta que si el tribunal no para las obras de manera urgente su recurso habrá perdido sentido porque los trabajos ya estarán hechos.
En cambio, el Ayuntamiento considera que la Cámara no está legitimada para intervenir en este procedimiento, de manera que pidió al juez inadmitir su recurso, y también argumenta contra la irreversibilidad que alega el recurso.
«HIPOTÉTICOS PERJUICIOS» SIN CONCRETAR
Al parecer del juez, no hay riesgo de que el recurso pierda efecto por la supuesta irreversibilidad que alega la Cámara y que el auto descarta porque «el coste de la eventual reversión en caso de dictarse sentencia estimatoria sería puramente económico, sin que hayan resultado concretados los eventuales perjuicios de vecinos y particulares afectados por las obras».
Además, apunta que «no cabe duda de la solvencia económica de la administración» para sufragar el coste económico de revertir las obras en la hipótesis de que finalmente la sentencia del caso fuera favorable al recurso de la Cámara.
«La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida no puede pretender erigirse en defensora de un hipotético interés general en base a unos hipotéticos perjuicios que, más allá de las alegaciones, no se concretan», y en cambio sí defiende que el Ayuntamiento actúa en defensa del interés público al planificar mejoras urbanísticas.
