La Oficina de igualdad de trato prevé tanto multas como mediación o medidas de reparación
BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) –
El reglamento sancionador de la Ley de igualdad de trato y no discriminación coordinado por la Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat se encuentra en las «últimas fases de tramitación», e incluirá multas y otros tipos de medidas ante discriminaciones por razón de orientación sexual, de identidad de género, origen o edad, entre otras.
En una entrevista con Europa Press, la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha explicado que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, que se prevé poner en marcha durante el primer trimestre de 2022, será la encargada de canalizar estas denuncias de discriminación.
La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación tendrá una sede física así como un formulario de denuncia telemática como puerta de entrada, a partir del cual los responsables contactarán con la persona afectada para acompañarla en la tramitación de la denuncia, y Verge ha dicho que el reglamento no está focalizado en la cuantía de la sanción, sino que está «ajustada a la discriminación».
Ha defendido que «a menudo las personas no buscan una compensación económica, sino esta garantía o disculpa pública de reconocimiento de que ha habido una mala práctica», por lo que este marco normativo prevé también la mediación con garantías de no repetición y medidas de reparación.
Verge ha sostenido que, además de sanciones económicas a empresas y particulares, la Oficina también podrá actuar de oficio ante aquellas administraciones públicas que hayan podido vulnerar derechos: «Estamos hablando de prácticas que no tienen porqué ser deliberadas, pueden ser fruto de inercias, de prácticas no revisadas».
SANCIONES ECONÓMICAS
Las sanciones económicas están sujetas a la cuantía mensual del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) –actualmente de 569,12 euros– correspondiente a un periodo de entre siete días y diez meses según si la infracción es leve, grave o muy grave.
La misma oficina establecerá una vía de intercambio de información con la Fiscalía de Delitos de Odio y los Mossos d’Esquadra para canalizar denuncias administrativas que tengan un carácter penal y viceversa, en una función que la titular de Igualdad ha calificado de «ventanilla única» y que pretende facilitar la atención de las personas que han sido discriminadas.
El reglamento sancionador, desplegado a raíz de la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No discriminación, mantendrá una especificidad en relación a los casos de LGTBIfobia para dar respuesta a la Ley 11/2014, con lo que, tras siete años desde su aprobación, recoge sanciones administrativas ante discriminaciones relacionadas con los derechos LGTBI y la erradicación de la homofobia, la bifobia y la transfobia.
Verge ha recordado que la Ley 11/2014 ya preveía que su reglamento sancionador fuese el de la futura Ley de igualdad y no discriminación, que se aprobó en 2020: el reglamento sancionador «dará cobertura» a la Ley 11/2014.
LEY ANTIRRACISTA
Asimismo, el reglamento también servirá para dar cobertura a la Ley Antirracista, en fase de consulta pública: durante la última semana del año, ha empezado con los distintos grupos de trabajo que el departamento organiza con organizaciones a fin de «enderezar las distintas formas de racismo: antigitanismo, xenofobia, islamofobia u otras formas de discriminación», ha enumerado Verge.
Para la responsable de Igualdad, la ley también pretende corregir la falta de reconocimiento de las aportaciones de los migrantes al conjunto de la población, «las condiciones materiales que explican la situación de desigualdad, de subordinación de las personas racializadas», y en suma, las medidas de acción pública para enderezarlo, en sus palabras.
