BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) –
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que este viernes su Ministerio, junto con expertos, harán público el informe sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y darán a conocer la «senda que proponen los expertos para ir desplegando el incremento del SMI hasta el fin de la legislatura».
Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras participar en un coloquio sobre la productividad junto con el secretario general de UGT, José María Álvarez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la XXXVI Reunión Anual del Cercle d’Economia, en Barcelona.
Díaz ha destacado que el Gobierno no ha tomado aún una decisión sobre el SMI, a la espera de la publicación de este informe de expertos sobre cómo formalizar el incremento hasta final de la legislatura, y ha añadido que la postura de su ministerio es «conocida».
Ha sostenido que Europa está volcada en establecer salarios mínimos y dignos porque «es la mejor manera de combatir la pobreza laboral»; ha asegurado que el 10% de asalariados no tiene convenio colectivo; y que son los más pobres y, por tanto, jóvenes y mujeres, los que quedan fuera del SMI.
«Todo esta subiendo. Los más afectados son las personas a las que hoy no se les está garantizando su salario, que están perdiendo poder adquisitivo», y se ha referido a la subida de la luz y al nivel del IPC en el 2,7.
VIVIENDA Y PARO, LOS GRANDES PROBLEMAS
Sobre la ley de vivienda, la ministra ha dicho que el Gobierno está avanzando y trabajando sobre eso y que «en unos días» se conocerá el contenido de esta norma, que cree que va a ser trascendental para el país.
«En España tenemos dos problemas fundamentales: primero, el paro; y el segundo, un problema enorme para la población, es la imposibilidad de asumir los precios de arrendamientos urbanos», ha añadido la vicepresidenta, que ha calificado de clave esta norma.
La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.
