Según información de La Tercera, la PDI determinó que 35 parlamentarios pagaron por informes que tenían «contenido coincidente», los que les fueron vendidos como asesorías.
En total, sostiene la publicación, la PDI analizó 421 documentos.
«Documentos con un mismo título, cuyo contenido es coincidente y que fueron elaborador por el mismo proveedor, pero destinado a diferentes requirientes», fue el resultado del trabajo realizado por la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef).
El estudio se realizó en el marco de la indagatoria por un presunte fraude al Fisco en el uso de asignaciones parlamentarias, lo que implicó la revisión de las asesorías externas a los congresistas entre los años 2011 y 2016.
De los 421 informes que analizó la PDI, 329 tenían títulos asociados a más de una bancada o un parlamentario.
Los policías analizaron los antecedentes que fueron aportados voluntariamente por seis centros de estudios ligados a partidos políticos: Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad, Instituto de Capacitación y Formación para el Desarrollo Social (Icades), Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (Ical).
