Apagar incendios en Chile, una cuestión de voluntarios

Lejos de su casa en Talagante —una ciudad cercana a Santiago de Chile— murió el 25 de enero el bombero Hernán Avilés. Con 35 años y nueve de experiencia en la institución, se había trasladado 340 kilómetros hacia el sur para combatir en Constitución (región del Maule) parte de los incendios que mantuvieron en vilo al país por varios días. Desde noviembre pasado, la temporada de incendios forestales en el país sudamericano se ha presentado con especial vehemencia. Las hectáreas comprometidas desde julio se calculan sobre las 596.000 y para controlar el “peor desastre forestal” de la historia, como lo calificó el Gobierno, fue necesaria la ayuda de brigadistas y aeronaves de todo el mundo. La cifra de víctimas llegó a 11 muertos.

Con las muertes de Avilés y Juan Eduardo Bizama —cuyo camión volcó el día después—, se llegó a 320 mártires durante los 165 años de Bomberos, una institución que en Chile opera por voluntariado, es decir, sin entregar remuneración a sus 48.000 integrantes. Avilés, de hecho, se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Obras Públicas.El despliegue de voluntarios en las regiones más afectadas superó los 4.000 y llegaron más de 300 vehículos adicionales para asistir en el combate al fuego. La ciudadanía, por su parte, valoró el trabajo con un 98% de aprobación para Bomberos en la encuesta de opinión Plaza Pública-Cadem. Desde la fundación del primer cuerpo de Bomberos chileno en el puerto de Valparaíso durante 1851 se definió un servicio gratuito y voluntario durante situaciones de emergencia. El mismo sistema tienen en Sudamérica los cuerpos de Perú y Paraguay; en otros países se convive entre sistemas remunerados y mixtos.

“Todos quienes hemos ingresado a los cuerpos hemos sido inspirados en ayudar a la comunidad sin ningún tipo de interés ni remuneración”, explica Miguel Reyes, quien en su rol de presidente de la Junta Nacional es la máxima autoridad de la agrupación. Luego detalla que los procedimientos formativos en Chile están ceñidos a la misma norma de los Bomberos remunerados de Estados Unidos: “Somos voluntarios, pero profesionales”.

Reyes se niega a recibir un sueldo y argumenta razones éticas y económicas. Dice que el costo de los salarios acapara hasta el 85% del presupuesto en países como España. “Creemos que por el hecho de ser remunerado, el servicio no tendrá la misma calidad. En lugares donde hay remuneración existen normas laborales y peticiones que muchas veces terminan en huelga. Es incompatible a la idiosincracia de los bomberos chilenos”, asegura.

Quienes sí reciben un salario en la institución son los telefonistas de líneas de emergencia, los conductores profesionales y el personal de apoyo administrativo. Los bomberos en Chile no sólo trabajan sin remuneración, sino que pagan una cuota mensual para hacerlo. Es una norma tradicional y varía según cada compañía, la unidad básica en la estructura de la organización. José Matute es miembro de la décima Compañía de Bomberos de Santiago —también conocida como Bomba España— y cada mes paga el equivalente a 19 dólares para evitar sanciones como la expulsión.

Por una ley promulgada en 2012, el Estado chileno tiene la obligación de destinar una parte de su presupuesto nacional a los gastos e inversiones de Bomberos. Para este año se definió el traspaso de 52 millones de dólares que serán repartidos entre los 313 cuerpos según sus necesidades. “Los porcentajes se determinan de acuerdo a la población de cada región, los actos de servicio, la cantidad de Bomberos y el patrimonio de cada ciudad”, detalla Matute, que además es Tesorero Nacional de la institución.

Pérdidas millonarias

Junto con el aporte proveniente del presupuesto fiscal, las distintas compañías pueden complementar con financiamiento de los gobiernos locales o colectas en la comunidad. Además, el Estado cubre los gastos y pérdidas producto de una determinada emergencia. En medio de la crisis por los incendios de principio de año, la presidenta Michelle Bachelet confirmó seis millones de dólares adicionales para costear la reparación del daño producto de otras catástrofes ocurridas en años anteriores.

Un cálculo realizado cuando la emergencia todavía no estaba controlada, indica que los incendios forestales provocaron una pérdida de más de nueve millones de dólares entre gastos de combustible, material dañado e incluso un cuartel recién construido que fue devorado por las llamas en Santa Olga. El tesorero Matute cuenta que el panorama ha mejorado con los años. Los bomberos gozan de un fuero que impide que sean despedidos si se ausentan de sus trabajos por concurrir a una emergencia y el mercado de las aseguradoras costea los gastos médicos. También existe un mecanismo que permitirá que las viudas de Avilés y Bizama reciban de por vida una pensión mensual de unos 1.000 dólares.

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