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Cartel del fuego: Fiscalía pide a España antecedentes por fraude de empresas contra incendios

Este martes el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, solicitó a España antecedentes sobre el denominado caso del “cartel del fuego” por el eventual fraude cometido por tres empresas de ese país que combaten incendios forestales y que trabajaron en Chile durante los siniestros que afectaron a la zona centrosur.

«Estamos recogiendo evidencia en las compañías -Faasa Aviación, Inaer Helicópteros y Martínez Ridao-, ya que la semana anterior se realizaron diligencias en algunas reparticiones», indicó Montes, quien está a cargo de la indagación.

El fiscal agregó que «es una investigación en la cual ya se ha planteado un requerimiento de asistencia internacional, donde hay una serie de antecedentes que han sido recopilados hasta ahora en España, y nos interesa tener todos estos antecedentes con el objeto de continuar la investigación».

Asimismo Montes explicó que «lo que está haciendo España es juzgar hechos que ocurrieron en España», y que «hay ciertas normas que entregan competencia a la Fiscalía chilena para investigar hechos que ocurren fuera de Chile. Y esa es una cuestión que vamos a analizar, pero para eso requerimos más antecedentes y tener mayor claridad», recalcó.

Cabe recordar que el pasado 9 de febrero, el Gobierno negó haber sido víctima de un fraude por estas tres empresas españolas. «En Chile no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país», afirmó en la oportunidad la vocera de Gobierno, Paula Narváez.

Las denuncias de un reportaje emitido por AhoraNoticias se refieren a una investigación de la Policía española que está en manos del juez Héctor Ignacio Santamaría, del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto en Valencia, España.

Dicha indagación -según publicó el pasado 21 de diciembre eldiario.es- señala que «las empresas del llamado ‘cártel del fuego’ habrían obtenido más de 277 millones de euros (295 millones de dólares) manipulando concursos públicos de lucha aérea contra incendios».

La información de este medio de comunicación digital español indicaba que por «estas prácticas supuestamente delictivas» se vieron afectadas administraciones públicas de ocho comunidades autónomas españolas, así como de Portugal, Francia, Italia y Chile.