Con la introducción del agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda de Bolivia, Claudio Grossman, Chile comenzó esta jornada su defensa ante el Tribunal.
La presentación de los argumentos chilenos se realiza hoy y continuará mañana, luego de la jornada de receso del miércoles y, después de que durante lunes y martes, Bolivia expuso ante el tribunal.
En la tercera presentación, la jurista Kate Parlett se refirió al Tratado de 1904 y cómo éste zanjó los asuntos entre Bolivia y Chile y además, realizó un resumen de cómo a través de diversas conversaciones, Chile no contrajo obligaciones con Bolivia.
La abogada británica planteó que al firmar el Tratado de 1904, Bolivia renuncio a la aspiración de tener un puerto en el Océano Pacífico y, en el propio documento dicha aspiración «quedó cambiada por el ferrocarril».
Parlett además se refirió a las referencias hechas por la defensa de Bolivia a las actas de 1920, de las que dijo «no son un tratado». Además dijo que «Bolivia no aceptó los ofrecimientos de Chile de conversaciones que facilitaran su desarrollo» y que como respuesta «Chile dejó clara que la disputa de Tacna y Arica no contemplaban a Bolivia».
«Chile no creó ni confirmó ninguna obligación jurídica de negociar» planteó la abogada, quien además indicó que Bolivia ha parafraseado de forma incompleta, declaraciones de autoridades chilenas, como la del ex presidente Arturo Alessandri, quien dijo que «consideraría las aspiraciones de Bolivia, pero también que Chile no tenía ningún compromiso con Bolivia».
En el segundo turno de los abogados, el francés Jean Marc Thouvein planteó que «Chile no ha dado la espalda a sus vecinos» en relación a las acusaciones bolivianas y dijo que la presión que ejerce Bolivia nace de la frustración, pero que ello no representa la obligación de negociar.
Además, el jurista francés indicó que la técnica de la argumentación boliviana fue «acumular hechos y crear una ilusión de densidad jurídica a una tesis que no tiene ninguna materialidad jurídica».
«Ningún Estado se vincula o se obliga por el mero hecho de iniciar una negociación. Abrir una negociación no compromete a nada», dijo Thouvein.
El francés continuó su exposición planteando que las declaraciones de intenciones políticas no crean obligaciones ni diplomáticas ni jurídicas y, ejemplificó con diversos casos a nivel internacional.
El abogado representante de Chile también planteó que actos unilaterales como creadores de obligaciones jurídicas son excepcionales y, que en este caso no es aplicable. Dijo además que la doctrina que rige dicha situación (Estoppel) se usa para clarificar si el estado ha querido obligarse o no.
En el caso de Chile, dijo el jurista, la actitud mostrada ha sido diplomática, de apertura a negociar («de diplomacia clásica), que no representa una obligación y planteó que «el compromiso de negociar no significa la obligación de concordar».
El abogado Daniel Bethlehem fue el encargado, tras Grossman, de iniciar la ronda de representación legal, apuntando a los argumentos entregados por Bolivia durante los días lunes y martes.
Bethlehem planteó que «la causa de Bolivia no es tan sencilla» e indició que «no es que se base en detalle complejos. Han eludido cuidadosamente esos detalles» y planteó que «Bolivia inventa su causa a medida que procede».
Tras cuestionar si Bolivia busca una obligación de negociar o de resultado, el jurista sostuvo que «la invocación de Bolivia de la supuesta injusticia histórica es un llamado al sentimiento, no al derecho» y agregó que Chile no tiene obligación jurídica de negociar con Bolivia una salida al mar.
Sobre los intercambios diplomáticos mencionados por Bolivia, el abogado dijo que «Chile no niega esos intercambios, pero quiere que se vean por lo que fueron. No es un compromiso por parte de Chile que las aspiraciones de Bolivia se cumplan».
«El diálogo diplomático no crea sin más obligaciones vinculantes» planteó el jurista.
Posteriormente, Sir Daniel Bethlehem argumentó que el Tratado de 1904 fue la solución definitiva a la situación de la soberanía y que, Bolivia basa la supuesta obligación de negociar en el Tratado de transferencia de 1895, el que nunca entró en vigencia.
El jurista culminó su argumentación sosteniendo que la suma de los intercambios y comunicaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, fueron hechos individuales que nunca llegaron a resultados concretos y que, como tal, no representan un proceso como lo ha intentado sostener la defensa de Bolivia.
Previamente Grossman en su presentación, partió señalando las diversas instancias internacionales en las que participa Chile y planteó que el país «está orgulloso de su participación activa en organizaciones internacionales».
El agente chileno dijo además que «Chile y sus vecinos han vivido en paz durante más de un siglo» y sostuvo que «el Tratado de 1904 constituye el acuerdo completo aceptado por Chile y Bolivia. No hubo acuerdo histórico al margen».
En la apertura de los alegatos, el agente chileno también dijo que «Bolivia quiere que Chile ceda territorio costero, territorio que no está en duda y en el que Chile ha ejercido soberanía».
También Grossman apuntó a uno de los argumentos bolivianos, cuando los representantes de ese país pidieron a la Corte que fueran más allá del derecho. Chile criticó dicha petición y dijo que el país altiplánico no puede solicitar al tribunal «que vaya más allá de su papel judicial».
El agente chileno, además, planteó que Bolivia ha ido modificando su demanda y dijo que «lo que pide no es algo simple ni modesto y ha cambiado lo que pide».
«Fuera del Palacio de la Paz, Bolivia ha hablado más claro, ha dicho que tiene un derecho inalienable e indescriptible al Océano Pacífico, como dice su Constitución» dijo Grossman, quien además se refirió a los dichos de Evo Morales, sobre Antofagasta.
«Chile está orgulloso de su historial, de su reputación como voz colaboradora considerada en los retos que enfrentamos en el mundo. Chile quiere recalcar que nunca ha tenido una obligación de negociar en el futuro una salida al mar con Bolivia» dijo el agente chileno.
