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Fiscalía abre investigación por eventuales delitos en contratos con empresas cuestionadas en España

Este jueves el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en los contratos entre instituciones públicas, como Conaf y Onemi, con empresas que combaten incendios y que son investigadas en España por colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho internacional.

A partir de un reportaje emitido por ‘Ahora Noticias’ de Mega, el “modus operandi” consistía en lo siguiente: una de ellas ofrecía el máximo que estaban dispuestos a pagar, mientras que las otras ofrecían un precio más elevado.

“Para ello era necesario el concurso y la complicidad de políticos y técnicos, los que tenían que valorar y adjudicar el contrato. Eran contratos que estaban hechos a la medida”, sostuvo Francesc Arabí, periodista que descubrió este caso.

Cabe mencionar que las tres compañías mantienen contratos vigentes con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi).

En 2011 comenzaron a operar, bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera, en el momento en que la Conaf licitó el ataque aéreo de los incendios forestales en las regiones de Chile con mayor propagación. Faasa e Inaer Helicópteros se quedaron con cuatro de estas regiones. En tanto, en 2015 la corporación contrató directamente a Martínez Ridao en Valparaíso y La Araucanía, por un monto que llegó a $760 millones.

Los contratos entre las tres empresas investigadas y Conaf ascienden a $2.000 millones al año, más $1 millón 800 mil por cada hora adicional de vuelo en el caso de una emergencia.

Es por esto que Abbot designó a la Fiscal Metropolitana Centro Norte (s), Ximena Chong, para hacerse cargo de la investigación.

La resolución en que se designa a Chong hace especial hincapié en que el delito de cohecho de funcionario público extranjero está recogido en la legislación nacional y es de especial preocupación de la Convención OCDE suscrita por Chile, que combate el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.