A final, en los puntos habilitados en todo el departamento del Atlántico para hacer el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), entregaron sus datos un total de 22.789 personas oriundas de ese país.
Este proceso, realizado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, busca es ampliar la información sobre la migración de venezolanos en Colombia.
Se supone que la información recaudada servirá como soporte para la formulación y diseño de la política integral de atención humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga con la información más acertada, según el Decreto 542 del 21 de marzo de 2018.
El subsecretario para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, Edinson Palma Jiménez, dijo que fue muy importante el apoyo brindado por las administraciones locales para incrementar los puntos de atención y poder atender a los venezolanos que estaban acudiendo a inscribirse.
En Barranquilla funcionaron tres: las casas de Justicia de los barrios Simón Bolívar y La Paz; la Personería Distrital en la vieja sede de la Alcaldía; el punto Vive Digital de Soledad; las alcaldías de Candelaria, Juan de Acosta, Repelón, Baranoa, Luruaco, Ponedera, Palmar de Varela, Suan, Campo de la Cruz, Sabanalarga, Galapa y Santa Lucía.
Es importante que hayan decidido acercarse a los puntos de atención para quedar inscritos en el censo que lidera el Gobierno y que será utilizado para diseñar las políticas de atención humanitaria
Además, se habilitaron como puntos la Biblioteca de Piojó, la Secretaría de Planeación de Polonuevo, Biblioteca Municipal de Ponedera y el SAI Santander en Puerto Giraldo.
La información contenida en el RAMV es de carácter confidencial y no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada, tales como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo.
Este registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización. No reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.
Una venezolana a punto de ser censada exhibe su cédula de ciudadanía.
Guillermo González / ADN
La expectativa, en el caso del Atlántico, era de que se inscribieran más, porque se sospecha que son muchos los venezolanos que se quedaron por fuera ya sea por temor de lo que pueda ocurrirles, porque algunos están en calidad de incógnitos. Esto sin incluir lo que están delinquiendo y los que están huyendo de algún problema jurídico en su país.
El Subsecretario Palma dijo que ahora la ‘pelota’ está en el Gobierno Nacional, que deberá tomar acciones o medidas de política con esa información para mitigar la situación social y económica de esas personas.
Será el nivel nacional el que decida, dijo, si se abre una nueva convocatoria de registro o si ya, definitivamente, se actúa con base en esta información recogida.
“Es de suma importancia que los venezolanos hayan decidido acercarse a los puntos de atención para quedar debidamente inscritos en el censo que lidera el Gobierno Nacional y que será utilizado para diseñar las políticas de atención humanitaria que permitirán proyectar una oferta de servicios basada en una información veraz”, dijo el funcionario.
El último día de registro, que fue el 8 de junio, la jornada en la sede de la Personería se amplió más allá de las 4:00 p. m., que era el horario normal, hasta las 12 de la medianoche.
Javier Franco Altamar
Redactor de ADN
Barranquilla
