Una condena de 27 años de cárcel impuso la justicia a la juez Loreley del Socorro Montes Oyola, involucrada en el sonado escándalo del carrusel de la educación en Córdoba, mediante el cual se cobraron ilegalmente más de 80 mil millones de pesos producto de reclamaciones pensionales del magisterio de ese departamento.
La criminalidad en este hecho consistió en que abogados, en un entramado con jueces de la región, lograron ganar pleitos de falsas denuncias en representación de profesores que supuestamente reclamaban derechos laborales y pensionales.
El Tribunal Superior de Bogotá encontró que la juez Civil del Circuito de Lorica, Loreley Montes, habría emitido fallos condenatorios en contra del Estado y en favor de los demandantes sin que los procesos tuvieran los sustentos legales para darles la razón.
Su caso se remonta a los años 2010 y 2012, cuando la togada asumió la revisión de las resoluciones judiciales para el reconocimiento irregular de millonarias pensiones de jubilación de docentes.
Según la investigación, las demandas no eran de conocimiento de los profesores involucrados a quienes, al parecer, habrían falsificado sus firmas por parte de abogados que llevaron las reclamaciones ante varios juzgados, entre ellos, el de Loreley Montes. Al final, dichas resoluciones terminaron favoreciendo a los abogados que habrían cobrado las millonarias indemnizaciones y pagando favores a los jueces que llevaron los procesos hasta el final.
La Fiscalía, en su trabajo investigativo, llevó el caso de Loreley Montes Oyola, ante la justicia y le imputó 35 delitos de prevaricato por acción, 9 delitos de cohecho propio y 12 delitos de peculado por apropiación agravado en favor de terceros. Tras aceptar los cargos, fue cobijada con detención domiciliaria, mientras la justicia buscaba demostrar su culpabilidad.
«En las indagaciones se constató que para sustentar las peticiones ante el juzgado fueron presentados poderes falsos y documentos que simulaban resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que, supuestamente, reconocían las mejoras pensionales a un grupo de empleados del magisterio», indicó el ente de investigación penal en un comunicado.
Por este mismo caso ya fueron condenados por prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado los abogados Álvaro Antonio Narváez Llorente, quien deberá cumplir una pena de 21 años y seis meses de prisión; Albeiro Ramón Mangones Figueroa, 18 años y siete meses; mientras que Jesús Eduardo Mangones Rhenals y Ramón Enrique Fuentes Álvarez deben pagar una pena de 17 años y un mes, informó la Fiscalía.
GUDILFREDO AVENDAÑO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
MONTERÍA.
