El Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de tres personas vinculadas al caso de corrupción de la Cuarta Brigada.De igual forma, de las otras seis personas involucradas, cinco fueron cobijadas con detención domiciliaria y otra más fue dejada en libertad pero sigue vinculada al proceso.
El teniente coronel (r) y exjefe del Batallón de Servicios Número 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, Harol Felipe Páez Roa, el excapitán (r), Guerly Alexánder Carrera y el contratista Samir Fernando García, serán traslados a centro penitenciario, por petición de la Fiscalía General de la Nación.
El primero, como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
De otra parte, el contratista Jaime Alberto Ramírez, el capitán y supervisor de contratos, Jonathan Bonilla; el teniente coronel y supervisor de contratos, Alexánder Carvajal; el mayor y jefe de presupuesto del Batallón de servicios, Edwin Eduardo Carrillo, así como el sargento primero y almacenista Jhon Henry Roncancio, fueron cobijados con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados y tanto los abogados defensores como el delegado de la Procuraduría apelaron la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito de Medellín.
La investigación realizada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, reveló que durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2016, el coronel (r) Páez Roa, quien se desempeñaba como ordenador del gasto del citado batallón, habría favorecido con millonarios contratos a las empresas Distrilogística PG S.AS., al Almacén El Infante y Motovehículos S.A.S, para que suministrara a esa unidad militar, servicios y bienes para su funcionamiento.
“Los investigadores del CTI determinaron que a dichas empresas les habrían entregado, de manera anticipada, información privilegiada para que se quedaran con los citados contratos, a cambio de entregar al oficial el equivalente al 10 por ciento de los convenios. Se estableció además que en numerosas ocasiones se habrían falsificado documentos públicos, como actas y planillas, para quedarse con los millonarios contratos”, informó la Fiscalía.
Estos contratos irregulares, tendrían un valor superior a los 3.500 millones de pesos.
MEDELLÍN
