Por el daño ambiental y las decisiones que se tomaron en el proyecto Hidroituango, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la junta directiva de EPM y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
«Prácticamente se secó el río Cauca y eso ha generado un daño que muchos sostienen que es irreparable», dijo Fernando Carrillo, procurador General, quien agregó que este proyecto afecta a cuatro departamentos, ha causado afectaciones a más de 20.000 familias de pescadores, la obra tiene un retraso de por lo menos 3 años y un costo de recuperación de más de 2 billones de pesos.
Prácticamente se secó el río Cauca y eso ha generado un daño que muchos sostiene que es irreparable
De acuerdo con el Procurador, es necesario aclarar «cuáles fueron los elementos de juicio para las decisiones que se tomaron, si hubo escenarios de improvisación en las decisión desde la empresa. Tal parece que sí hay un presunto daño a los derechos de los pobladores y el medioambiente», afirmó.
Por otro lado, Carrillo solicitó al Gobierno Nacional declarar la emergencia ambiental en el lugar para que pueda haber medidas urgentes y extraordinarias para mitigar los daños.
«La magnitud del daño generado en términos sociales y económicos ameritaría para el Gobierno la declaratoria de la emergencia ambiental, que traiga un paquete de medidas que la Procuraduría cree que solo podrían ponerse en marcha mediante medias extraordinarias», dijo el Procurador, quien agregó que «con curas menores no vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado».
Con curas menores no vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado
Asimismo, el órgano de control envió una carta a la Superintendencia de Sociedades para solicitar que intervenga y revise las decisiones corporativas que se han tomado al interior de EPM sobre el proyecto de Hidroituango.
Para obtener respuestas de las autoridades, la Procuraduría citó a una audiencia de rendición de cuentas con todos los responsables y afectados por el proyecto.
Esta audiencia se realizará en Medellín el próximo 26 de febrero.
Esta nueva investigación disciplinaria es la segunda que la Procuraduría abre por Hidroituango.
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