Sorprendidos están los moradores del barrio Los Andes, en Barranquilla (exactamente los de la calle 61 con carrera 23), a raíz del allanamiento de una vivienda en la que la Policía Nacional, a comienzos de esta semana, encontró 20 ciudadanos venezolanos que presuntamente eran explotados sexualmente.
Una de las habitantes de la zona, quien al igual que sus vecinos no quiso que su identidad apareciera en los medios de comunicación, explicó que hace un mes observó que a la casa blanca y rejas del mismo color, cuya fachada es ‘custodiada’ por un árbol de olivo y otro de mango, llegaron nuevos inquilinos tras más de dos meses sin que el inmueble se alquilara.
La mujer, con más de 30 años de residir en Los Andes, explicó que sus nuevos vecinos, la mayoría de apariencia juvenil, siempre fueron cordiales y no dieron muestra de que dentro de la casa se realizara alguna actividad ilegal o controversial.
Lo que sí recuerda es que de la casa entraban y salían jóvenes permanentemente, lo que nunca acabó con la calma de ese sector del barrio, reconocido por su vocación residencial.
“Estas personas llegaban y saludaban de la manera más normal y nunca hicieron algo que pusiera a pensar mal a la vecindad. La verdad aquí la gente poco permanece en las puertas de sus casas, más bien pasan encerradas”, explicó.
Nunca observé algo extraño
que diera luces de una presunta explotación sexual. Cuando vine a ver estaba esto lleno de policías y se hizo el operativo
Otros residentes de Los Andes son los propietarios de una tienda y negocio de comidas rápidas donde solían llegar los jóvenes venezolanos a refrescarse y a degustar de la gastronomía local.
Los comerciantes pidieron a las autoridades que aclaren si en realidad los nacionales venezolanos eran explotados sexualmente, ya que por su comportamiento nunca les pareció que estuvieran en la casa de manera obligada.
“Eran como 12 o 14 jóvenes con comportamiento delicado, algunos con caras de menores de edad. Siempre se comportaron adecuadamente y nunca manifestaron que estuvieran siendo amenazados u obligados a hacer algo en contra de sus deseos”, sostuvo una joven que trabaja en el establecimiento.
Otra de ellas relató que supo de boca de uno de los venezolanos que tenían una página web. Con las maletas en mano, varios de ellos llegaron al local hace un par de días para fiar comida, pues la Policía llegó al negocio y acabó con la actividad que allí se desarrollaba.
“Me dijeron que un colombiano que allí trabajaba fue el que corrió al CAI cercano a denunciar lo que se estaba ocurriendo a raíz de diferencias que tuvo con su patrón. Parecían buenas personas y nos extraña lo ocurrido”, agregó la vendedora.
Puede que esa persona a la que se refiere sea José Luis Aduén Uribe identificado en audiencia ante el Juez Sexto Penal Municipal de Control de Garantías, quien estaba en el inmueble en el que habían siete cubículos con cámaras y camas.
El capturado, que resultó ser un sacerdote de la comunidad anglicana fue llevado a audiencias preliminares en las que no aceptó cargos de trata de personas y concierto para delinquir.
Según algunas denuncias, a los venezolanos los intimidaban con la promesa de denunciarlos ante Migración por prestar servicios sexuales a través de Internet.
ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ
BARRANQUILLA
