Imagine que en su región se esté construyendo un megaproyecto millonario que beneficiará a miles de personas bajo la promesa de mayor desarrollo y competitividad. Genial, ¿no?
Pero si para llevarlo a cabo usted tiene que salir del hogar que construyó por años y el único camino que le dan es aceptar una oferta que usted no considera justa o ser expropiado. ¿Ahí qué?
En esa situación se encuentran varias familias por dos megaproyectos que se desarrollan en el Occidente de Antioquia: el túnel del Toyo y el segundo túnel de Occidente, los cuales tienen una inversión conjunta de 2,13 billones de pesos y dejarán a Medellín de Urabá a aproximadamente a cuatro horas de distancia.
Sin embargo, para que Urabá se acerque más de 150 familias se deben alejar. Al menos del lugar donde viven.
Túnel Occidente II
Las quejas vienen de más de 10 años atrás, con la construcción del primer tubo que, según la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Naranjal, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal (occidente de Medellín), les dejó afectaciones ambientales y sociales aún sin resolver.
Luis Alonso Velásquez, campesino y vocero de los afectados, aseguró que el primer tubo (túnel Fernando Gómez Martínez) ocasionó afectaciones en 3 afluentes de agua y 17 viviendas (16 presentaron agrietamiento y una colapsó por completo). Y 11 años después no han respondido, según el vocero.
“Los afluentes se perdieron en su totalidad. Disminuyó la capacidad productiva del suelo por cambios físico-químicos, lo que impactó en la economía de las familias que, como la mía, viven de la producción agrícola. Y se produjo un movimiento en masa del área que está encima del túnel”, contó Velásquez.
Los habitantes de la vereda El Naranjal, en el corregimiento de San Cristóbal, son algunos de los más afectados.
Jaiver Nieto / EL TIEMPO
En total son 74 familias -unas 230 personas- de la vereda las impactadas por la obra. Las mismas, interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular solicitando que no se permita el inicio de trabajos del segundo túnel de Occidente, que ya tiene licencia ambiental por la ANLA.
“Yo diría que habrá pérdida total del área de influencia donde están ubicadas las familias, pues las viviendas afectadas y no reparadas del proyecto anterior ahora sí colapsarían. Además, todo el recurso hídrico va a desaparecer”, expresó el líder comunal. Para el nuevo subterráneo, se requerirán 171 predios en Palmitas y dos en San Cristóbal. Sin embargo, el consorcio Devimar indicó que solo requieren tres predios, dos en San Cristóbal y uno en Palmitas.
“La aceptación a las ofertas formales de compra ha sido mayoritaria, por lo que la mayoría de predios se ha obtenido mediante la enajenación voluntaria”, indicó Jesús Rodríguez Robles, gerente general de Devimar.
Habrá pérdida total del área de influencia donde están las familias, pues las viviendas afectadas y no reparadas del proyecto anterior ahora sí colapsarían
Ambas partes instalaron una mesa de concertación. Pero, según Velásquez, les han rechazado el 80 por ciento del pliego de 17 peticiones dela comunidad.
“En las reuniones se dio respuesta, punto por punto, a cada una de las solicitudes que la comunidad realizó. Devimar asumió las obligaciones que le correspondían. Sin embargo, la respuesta a la gran mayoría de las peticiones corresponde a los anteriores titulares del contrato, Invías y los socios”, respondió el vocero del consorcio.
Aclaró, además, que a esas entidades les “pertenecen de manera exclusiva” las obligaciones de compensación de dichos impactos a aquellos que hacían parte del proyecto en su momento.
Túnel del Toyo
Para la ceremonia de inicio de obras del que será el túnel más grande del país (9,8 kilómetros), a Cañasgordas (Occidente) llegaron el gobernador Luis Pérez, el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Juan Manuel Santos.
Los tres se refirieron a los grandes beneficios de la obra. Ninguno habló con alguno de los 78 afectados que tendrán que salir de su terruño para no volverse un obstáculo en el camino del progreso.
Eso indicó Blanca Fernández, vocera de los impactados de Mar 1, una de las dos bocas del túnel. Fueron 47 las familias que recibieron la notificación de requerimiento de predio. Aún falta ocho personas por recibir la oferta de compra.
“No hemos tenido ninguna clase de respuesta. No podemos abandonar los predios sin que nos paguen. Además, los pagos fuera de inciertos, son irrisorios. Y ellos quieren que desocupemos. A quienes de buena fe cedieron sus predios, hace más de siete meses, no les han pagado. Dijeron que esta semana. Esperemos que sí”, contó Fernández.
9.8 kilómetros tendrá este proyecto, ubicado en el municipio de Cañas Gordas, occidente de Antioquia.
Guillermo Ossa / EL TIEMPO
Repite lo que dicen los mismos del túnel de Occidente. Que no se oponen a la obra y que solo piden lo justo para salir de sus predios con los recursos para reinstalarse en otro sitio.
“Lo justo es tener la misma área de la que nos quieren sacar. No es posible que tengamos que cambiar nuestro ambiente campestre y suburbano por un espacio que no llega ni a Vivienda de Interés Prioritario, avaluada en 58 millones de pesos. Parece que no le importamos a nadie”, dijo Fernández.
Margarita Lopera, alcaldesa de Cañasgordas, indicó que cada negociación es diferente, pero que le solicitó a la gobernación que permita que se hagan una revisiones al respecto.
A quienes de buena fe cedieron sus predios, hace más de siete meses, no les han pagado
Por su parte, Germán Ángel, representante legal del consorcio Antioquia al mar, aseguró que están actuando acorde a la ley. “Somos un vehículo para hacer una oferta, pero el avalúo lo hace La Lonja”, dijo.
Saúl Úsuga, diputado de Antioquia, opinó que se citará a un debate desde la Asamblea Departamental para responder al llamado de las comunidades y buscar “solucionar los bajos costos de los predios tanto en Cañasgordas, como en Giraldo y Santa Fe de Antioquia y buscar una integralidad con los proyectos”.
David Alejandro Mercado
EL TIEMPO
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@AlejoMercado10
