El alcalde (e) de Santa Marta, Andrés Rúgeles Pineda, pidió a la Contraloría General de la República una vigilancia especial a dos obras que costaron más de 6.000 millones de pesos y que se esperaba estuvieran listas en seis meses, pero han pasado cuatro años y no están terminadas, pese a que se pagó casi que el 90 por ciento y el total de la interventoría.
El mandatario denuncia que en el año 2015 se contrató la obra e interventoría de lo que serían dos Centros de Desarrollo Infantil y Ludoteca para Bonda y Ciudad Equidad, zonas con bastantes problemas sociales, “a quienes se les vendió esta falsa esperanza que cumple 4 años de atraso”, subraya en la carta que conoció EL TIEMPO.
A la fecha los dos proyectos permanecen como obras inconclusas, convertidos en criaderos de bichos, llenos de malezas y expuestos al deterioro.
En la exposición de los hechos, Rugeles narra que el contrato fue suscrito el 20 de marzo del año 2015 por el entonces alcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo y seguido durante el mandato de Rafael Martínez, quien actualmente se encuentra separado de su cargo enfrentando una investigación.
Los habitantes de Ciudad Equidad no han podido estrenar su CDI.
Archivo particular
La iniciativa contemplaba la construcción de los dos centros de desarrollo infantil por valor de 6. 954 millones de pesos a un único proponente: la Unión Temporal Por el Desarrollo Infantil conformada por Graypod S.A.S y CM Construcciones y Mantenimientos, cada una con un porcentaje del 50 por ciento, con un plazo inicial de construcción de 6 meses. En el mismo se pactó un anticipo del 50 por ciento; pago que ascendió a 3 mil cuatrocientos setenta y siete millones.
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Según Rúgeles al contratista de estas dos obras se le ha pagado un total de seis mil seiscientos millones de pesos, constituido en 1 anticipo y 4 pagos parciales de los 6.954 millos de pesos del contrato total, es decir casi el 100 por 100 cancelado.
“El CDI de Bonda tiene apenas un avance del 47 por ciento, y el de Ciudad Equidad un 90 por ciento, por lo que después de todos estos años, no hay ninguna posibilidad de terminarlos, ya que los pagos se hicieron al contratista, la obra jamás se entregó, el primer contrato de interventoría se le adicionó más del 50 por ciento del valor inicial, con el agravante de que se liquidó sin entregar la obra”, sostiene Rúgeles en el documento enviado al Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
