Una grave situación de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) se vive en la comuna 16 (Belén) y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, sectores del suroccidente de Medellín. Así lo determinó la Defensoría del Pueblo que emitió una alerta temprana de inminencia dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera.
El ente del Ministerio Público argumentó en el documento que, en el primer trimestre de 2018, los habitantes de esta zona de la capital antioqueña vivieron el incremento de homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, desaparición forzada, enfrentamientos entre grupos delincuenciales y uso de niños y adolescentes para cometer delitos.
Esta situación, indicó la Defensoría, se debe a disputas entre dos organizaciones criminales que tienen influencia en la zona y se pelean el dominio de las economías ilegales: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otras estructuras ligadas a la ‘Oficina’.
Para el despacho también es preocupante que la ubicación geográfica de estos lugares es estratégica para la movilización de armas y narcóticos, lo que aumenta el riesgo de los habitantes.
Homicidios múltiples y selectivos
La Defensoría advirtió que los homicidios son una de las mayores vulneraciones que viven los habitantes. Vale recordar que entre el primero de enero y el 24 de abril de este año se registraron 12 homicidios en Altavista, 7 en San Antonio de Prado y 9 en Belén, según el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).
Preocupa que en Altavista hubo un incremento del 300 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en San Antonio de Prado fue del 17 por ciento. Solo en Belén hubo una reducción del 25 por ciento.
Entre los hechos reseñados por el Ministerio Público también está el incremento de desplazamientos, principalmente en Belén Zafra y Altavista, algunos de ellos motivados por el temor de las familias a que sus hijos fueran reclutados o usados por estructuras delincuenciales.
Entre las recomendaciones que hace el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, están activar mecanismos que les permitan a los habitantes superar la vulnerabilidad, instalar puestos fijos de Fuerza Pública en los lugares donde haya disputas, ofrecer alternativas de sometimiento a la justicia para los integrantes de estas estructuras, adoptar medidas efectivas de protección para las personas amenazadas, entre otras.
Todas las recomendaciones están dirigidas a la alcaldía de Medellín, el Icbf, la Policía Metropolitana, el Ejército y la Unidad para las Víctimas.
Al respecto, el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, indicó que responderán de manera oficial al llamado de la Defensoría, aumentarán la presencia de Fuerza Pública en la zona y coordinarán con la Fiscalía para adelantar las investigaciones sobre hechos reseñados en el documento.
MEDELLÍN
